Las defensas rechazan que lo que ocurrió en Alsasua sea terrorismo

Las defensas de algunos de los jóvenes acusados de agredir a dos guardias civiles y a sus parejas en un bar de Alsasua (Navarra) han alegado en el juicio que se han "magnificado" los hechos pues las víctimas sufrieron "lesiones leves y no muchas" y en ningún caso fue una acción terrorista.

Para los abogados de cuatro de los ocho acusados que han intervenido hoy en el juicio, lo ocurrido fue un "encontronazo fortuito" y "aislado" que no respondía a una estrategia premeditada y en el que "no se aprecia ningún sesgo o naturaleza terrorista", por lo que han solicitado su absolución.

Además, las defensas han alegado que no se ha probado que sus representados participaran en las agresiones.

La Audiencia Nacional ha reanudado hoy la vista con los informes de las defensas de los encausados, que se enfrentan a una petición de penas por parte de la Fiscalía de entre 12 y 62 años de prisión por lesiones y amenazas terroristas por la citada agresión, ocurrida en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de la localidad navarra.

Amaia Izko, la abogada de Jokin Unamuno y Ainara Urquijo, ha expuesto que lo ocurrido dentro de un contexto festivo fue algo "casual" fruto de una discusión sobre si los agentes debían o no estar en el bar "por su condición de guardias civiles".

En el juicio, ha dicho, se han "magnificado" los hechos y las víctimas los han representado como una "agresión salvaje", cuando en realidad sufrieron lesiones "leves y no muchas".

"Son moratones, contracturas, raspazos y un tobillo roto, que al observador ajeno a los mismos, si los ve, no aprecia ningún sesgo o naturaleza terrorista", ha abundado.

Izko ha recordado que a sus clientes se les atribuye el carácter terrorista recogido por la última reforma del Código Penal, pensada para los conocidos como "lobos solitarios" del terrorismo yihadista y que no es aplicable a este caso porque los hechos no se enmarcan en una "estructura organizada que ataca directamente a los cimientos del Estado".

A su juicio tampoco se puede acudir a la definición del artículo 573 del Código Penal de terrorismo como algo que provoca un "estado de terror en la población" solo porque los agredidos sintieran "miedo, pánico o terror".

La abogada ha descartado también el terrorismo porque no se trata de hechos "graves", tal y como requiere el citado artículo, y porque el movimiento Ospa (Fuera) de expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado de Euskal Herria, en el que la Fiscalía enmarca los hechos, no ha sido denunciado por el propio ministerio público como un movimiento terrorista.

Para Izko, tampoco el movimiento que la Fiscalía sitúa como antecesor de Ospa, Alde Hemendik (Fuera de aquí), es parte de la estrategia de ETA, y si es así no se ha probado en el juicio.

En contra, ha defendido que son movimientos de "denuncia de actuaciones de la Guardia Civil, de la Policía Foral y de la Policía Nacional que se consideran represivas y abusivas, o excesiva su presencia".

La abogada ha rechazado la tesis de la Fiscalía de que la estrategia de ETA sigue presente, ya que contrasta con "la terca realidad política y sociológica que se vive en el País Vasco y Navarra y en el resto del Estado español".

Jaime Montero, letrado de Ohian Arnanz, ha puesto de manifiesto "el insistente interés de la Guardia Civil" por hacerse cargo de la investigación y el hecho de que tras una reunión con el entonces director general de este Cuerpo el teniente y el sargento agredidos decidieran presentar la denuncia ante el mismo y no ante la Policía Foral.

A su juicio "la Guardia Civil vio la oportunidad de vincular estos hechos al movimiento Ospa, que discute su presencia en Navarra".

Ha estimado además que las ruedas en las que fue reconocido su cliente fueron irregulares porque los que le acompañaban eran "mulatos y árabes" y tenían mucha más edad que él.

Por otra parte ha argumentado que las secuelas psicológicas de la novia del teniente no se deben a la presunta agresión sino a una "situación muy dura posterior de rechazo de su propio pueblo que ella recibe".

Manuel Ollé, defensor de Julen Goikoetxea, ha coincidido en que "no tiene sentido" enmarcar estos hechos en un contexto terrorista "cuando afortunadamente y gracias al esfuerzo de muchos ciudadanos españoles se ha logrado combatir el terrorismo" de ETA.

En cualquier caso todos estos abogados han alegado que no se ha probado que sus representados participaran en las agresiones.