La Generalitat recupera el control político y financiero tras 218 días del 155
La Generalitat de Cataluña ha recuperado este sábado el control político y financiero que había perdido con la implementación a finales del pasado mes de octubre del artículo 155 de la Constitución, cuya aplicación ha acabado con la toma de posesión del nuevo Govern.
La aplicación del artículo 155 ha cumplido 218 días y su desactivación tiene lugar el mismo día en que toma posesión el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El texto que alumbró el 27 de octubre el Senado, la misma jornada en la que el pleno del Parlament aprobaba una proposición que, en su preámbulo, declaraba un "Estado independiente en forma de república", establecía el fin de la aplicación para cuando tomara posesión el nuevo Govern surgido de las elecciones del 21 de diciembre.
"Las medidas contenidas en este acuerdo se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña", decía textualmente la disposición que, en aplicación del 155, publicó el BOE tras recibir el plácet del Senado.
Cesar al presidente de la Generalitat en aquel momento, Carles Puigdemont, y a todos los consellers, limitar las funciones del Parlamento catalán y asumir el control de los Mossos eran algunas de las potestades que se otorgaron al Gobierno al amparo de esa aplicación, respaldada en el Senado por PSOE y Cs.
Y el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sólo tardó unas horas en hacer uso de ellas: la misma tarde del 27 de octubre reunió a su Consejo de Ministros para cesar a Puigdemont y a todos sus consellers, convocar elecciones para el 21 de diciembre y ordenar el cierre de las llamadas "embajadas" catalanas en el exterior, excepto Bruselas.
Durante estos 218 días, la Administración General de la Generalitat ha continuado funcionando como la organización administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas que el Estatuto y su normativa reguladora atribuyen a la Generalitat, pero bajo las directrices de los respectivos ministerios.
Alrededor de 260 cargos han sido destituidos en este tiempo, uno de los primeros el entonces mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
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