El Gobierno español financiará la exhumación de los desaparecidos en la Guerra Civil

Tras subrayar que la Ley de Memoria Histórica de 2007 ha de ser actualizada, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha adelantado que el Gobierno español pondrá en marcha una reforma integral que irá en línea a lo expuesto en la proposición de ley que presentó el PSOE en la oposición y que fue rechazada por el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Según la ministra, esta reforma tendrá como objetivo "declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una comisión de la verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de Expertos que estudió el asunto en 2011, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos".

Además, ha adelantado que su departamento estudiará la manera de llevar a cabo la "ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo", como la Fundación Francisco Franco.

"Es nuestra intención y nuestro compromiso asegurar el acceso a la verdad mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y la obtención de las adecuadas garantías de no repetición", ha afirmado Delgado en su primera comparecencia en el Congreso.

Por este motivo, el Ministerio de Justicia ha creado una nueva Dirección General para la Memoria Histórica que, tal y como ha explicado Delgado, se encagará de establecer "planes de búsqueda de desaparecidos" y contará con "expertos en materias relacionadas con el Derecho, la Arqueología y la Antropología Forense, así como representantes de asociaciones memorialistas y de familiares de víctimas y cualquier otra persona destacada en materia de Memoria Histórica".

Esta dirección general hará públicos los datos de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se haya realizado la exhumación. También procederá a la publicación de un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Además de ello, ha remarcado Delgado, el Ejecutivo se propone reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo.