El Foro Social denuncia los argumentos para denegar el cambio de grado a los presos

El Foro Social Permanente ha denunciado este miércoles que, entre los meses de julio y septiembre, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, dependiente de la Audiencia Nacional, ha denegado 44 de 46 solicitudes de progresión de grado realizadas presos vascos.

El exdecano del Colegio de Abogados de Bilbao Nazario Oleaga, miembro de este colectivo, ha presentado hoy, en un acto celebrado en el Palacio Europa de la capital alavesa, un estudio que destaca que el 95% de los reclusos se encuentran en primer grado penitenciario (en régimen cerrado), y 27 de ellos, todos hombres, están "en módulos de aislamiento de forma permanente", dos en Castelló II, ocho en Córdoba, ocho en Huelva y nueve en Sevilla II.

Una delegación del Foro Social Permanente se reunió el pasado 21 de julio de 2018 en la cárcel de Arbolote, en Granada, con los representantes del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) Jon Olarra Guridi y Ainhoa Mujika Goñi, tal como ya revelaron en su día, para "trabajar en la cuestión de progresión de grado" de los presos.

Olarra y Mujika explicaron que las Juntas de Tratamiento de las cárceles y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria denegaban a los reclusos "la gran mayoría" de las peticiones de evolución de grado, pese a la disolución de ETA.

El Foro Social les pidió que les facilitasen los autos, para estudiarlos y compartir los datos con los agentes institucionales, políticos y sociales. Con las resoluciones judiciales en su poder, ha realizado un informe.

En él destaca que "la gran mayoría" de las personas presas están solicitando la progresión de grado en los últimos meses. En este sentido, subraya que, a 27 de septiembre de septiembre, había 221 presos vascos en el Estado español, y las solicitudes para obtener beneficios penitenciarios se encontraban, en su mayor parte, "en la primera fase del trámite".

Además, asegura que, de las que habían llegado al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, "la práctica totalidad han sido rechazadas". El estudio especifica que, entre los meses de julio y septiembre, ha habido 44 resoluciones negativas y dos positivas. "Esto dificulta que esos presos inicien el recorrido hacia la reintegración que tantas veces se les ha planteado desde las instituciones y la sociedad civil", apunta.

Las razones para rechazar las peticiones

El Foro Social destaca que, entre los argumentos que se esgrimen para rechazar la progresión de grado, se encuentran el de que, aunque ETA se ha disuelto y ha renunciado "a futuro a la lucha armada, "subsisten grupos que postulan la vuelta a aquella estrategia", y desconocen, "a día de hoy, si esa persona presa se incorporaría a dichos grupos".

En este sentido, critica que esto se alegue respecto a personas que ya han hecho pública su adhesión a los comunicados de ETA o del colectivo EPPK, en relación a esta cuestión. "La dirección de cada cárcel conoce a la perfección qué personas concretas son partidarias de resucitar una determinada estrategia del pasado, pero se siembra la duda general", añade.

También destaca que otra argumentación es que los internos mantienen "un comportamiento grupal, colectivo, con pertenencia a una estructura disciplinaria", y considera que "este factor debería ser inocuo desde el punto de vista de progresión de grado".

Otra de las razones en las que se basan las denegaciones, son "la no colaboración con las autoridades" ni la redacción de un escrito personal "con repudio de toda su actividad anterior, no arrepentimiento ni solicitud de perdón a las víctimas". En esta línea, el Foro Social apunta que son requisitos "exigibles cuando se pretende acceder al tercer grado o a la libertad condicional", pero, mientras tanto, no son "operativos legalmente".

Además, denuncia que, en ocasiones, se alega que presos que han manifestado su "reconocimiento del dolor causado", ha recurrido a "argucias" o mantienen "actitudes mecánicas y no sinceras".