La Fiscalía pide 25 años de prisión por rebelión para Junqueras
La Fiscalía solicita 25 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, por un delito de rebelión agravada con malversación de caudales públicos. Asimismo, 17 años para Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell; y entre 7 y 16 años para los cinco exconsellers presos.
Por su parte, la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno español, ha reducido a la mitad la petición de cárcel para Junqueras (12 años) y a casi cinco menos para los exconsellers (11 años y medio). Pide, asimismo, 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis. A todos ellos les acusa de sedición y malversación, en un gesto diferenciado de la Fiscalía.
En su escrito de calificaciones provisionales, presentado hoy ante el Tribunal Supremo, la Fiscalía solicita la pena más alta para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión, y añade a la petición de prisión 25 años de inhabilitación absoluta para cargo público.
Un escalón por debajo están el exlíder de ANC y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, para quienes la Fiscalía pide 17 años solo por rebelión —y otros 17 de inhabilitación absoluta—, la misma pena que solicita para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, por considerarles también jefes o promotores.
Para los exconsellers, la Fiscalía pide 16 años de prisión —y otros 16 de inhabilitación absoluta— para Jordi Turull por un delito de rebelión agravado por malversación, al igual que a Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. Mientras, para Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila, solicita 7 años de prisión por un delito de malversación y un delito continuado de desobediencia grave. Para estos tres pide, además, 16 años de inhabilitación absoluta y multa de 10 meses con cuota de 100 euros.
Además, y aunque no pide penas de prisión, la Fiscalía solicita una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y ocho meses para los exmiembros de la Mesa del Parlament y para la expresidenta del grupo parlamentario de las CUP, Mireia Boya.
Varios medios aguardan a la decisión de la Fiscalía, ante el Supremo. Foto: EFE
En su escrito, firmado por los cuatro fiscales del caso, el Ministerio Público considera que el proceso secesionista catalán que derivó en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) estuvo "salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia", una palabra que aparece escrita en 14 ocasiones en las 127 páginas del documento.
Los cuatro fiscales (Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza) señalan que los principales promotores fueron Junqueras, Forcadell y los Jordis "en unión de otros procesados huidos", en alusión al president Carles Puigdemont.
El plan que todos ellos urdieron, dice la Fiscalía, tenía como principal objetivo "orillar la aplicación" tanto de la Constitución como del Estatuto de Autonomía para llegar a una independencia "que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden judicial".
Y otorga una "crucial" responsabilidad a los Jordis por llevar a cabo "una movilización popular como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al nacimiento de una nueva República".
11 años para Trapero
Mientras, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha remitido el escrito en el que solicita 11 años de prisión contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero también por rebelión.
El Ministerio Público agrava así la calificación que hizo la jueza Carmen Lamela, quien procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal por haber consentido la celebración del 1-O y no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017.
En su escrito de acusación, la Fiscalía también pide 11 años de cárcel por rebelión para el exdirector de los Mossos Pere Soler y para el ex secretario general de Interior César Puig, mientras que acusa solo de sedición a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para la que pide 4 años de prisión.
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