Rull apela a la 'democracia' ante la 'falta de autoridad moral' del TC

El exconsejero catalán de Territorio Josep Rull ha dedicado este miércoles varios minutos de su declaración en el juicio del procés a acusar al Tribunal Constitucional (TC) de falta de "legitimidad moral" porque, a su juicio, ha sido "instrumentalizado" por el Gobierno central contra el independentismo catalán. El acusado ha recurrido a una resolución del Tribunal Supremo de Canadá para justificar las continuas desobediencias al tribunal de garantías español cuando suspendió las leyes de desconexión.

En un áspero cruce de preguntas y respuestas con la fiscal Consuelo Madrigal, Rull ha admitido que fue advertido hasta en seis ocasiones por el Constitucional en los meses previos al referéndum del 1 de octubre de 2017, desde la aprobación del proceso constituyente hasta la ley de transitoriedad, pero ha censurado que el tribunal recurriese en tantas ocasiones al artículo 16.2, según el cual una norma autonómica queda automáticamente suspendida cuando el TC admite a trámite una impugnación del Gobierno.

Ha sido en ese punto cuando Rull ha subrayado que el Govern de Carles Puigdemont actuó siempre buscando la "ponderación" y el "equilibrio" entre "el imperio de la ley y el principio democrático", y para argumentar esta forma de actuación ha recurrido a una resolución del Tribunal Supremo de Canadá, según la cual "un sistema de gobierno no puede sobrevivir únicamente a través de la adhesión al Derecho", sino que también "necesita legitimidad, interacción entre imperio de la ley y el principio democrático".

Durante toda su declaración, Rull ha utilizado un tono comedido y sus respuestas no se han limitado a un 'sí' o un 'no', sino que se ha extendido en la mayoría de ellas. Tan largas han sido sus contestaciones que su interrogatorio se ha prolongado cuatro horas.

También ha afirmado que cuando votó los presupuestos de la Generalitat que incluyeron partidas concretas para consultas populares --partidas que el TC también tumbó-- "no tenía conciencia de hacer nada malo", pues el Govern aún creía "posible" organizar un referéndum pactado con el Estado. "Nuestra voluntad antes, ahora y siempre es pactar un referéndum con el Estado", ha destacado, al tiempo que ha recordado que el expresidente Mariano Rajoy siempre decía que ni podía ni quería hacerlo, si bien Rull opina que "sí podía" porque no tiene reproche penal, "pero no quería".

Por otro lado, y al igual que otros acusados que han declarado anteriormente, Rull ha dicho no conocer el documento Enfocats, pero sí ha reconocido que estuvo en las reuniones de elaboración y firmó la hoja de ruta de 2015 que puso en marcha el proceso independentista, pero ha explicado que no era un "documento estratégico", sino la base del programa de Junts pel Sí.

Otros de los bloques del interrogatorio ha sido el referido a la financiación del 1-O. Rull ha seguido la misma estrategia que Jordi Turull y ha negado categóricamente que se "desviasen" fondos públicos para la consulta debido al "nivel de control y garantías excepcionales" que tiene implantada la propia Generalitat.

Rull ha censurado los escraches a los fuerzas de seguridad del Estado realizados por simpatizantes independentistas porque es "inaceptable utilizar la fuerza y la presión" en esos términos, como también que los agentes salieran con sus porras.

Rull ha declarado que tampoco sabía dónde se imprimieron las papeletas para el 1-O ni de dónde salieron las urnas, pero que tenía "la confianza de que aparecerían" porque "la fuerza de la esperanza es extraordinaria".

El Govern no disponía de ningún plan o estrategia para desarrollar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) con la puesta en marcha de estructuras de Estado, porque la intención era evitar desplazarse a un terreno de juego que no fuera democrático. Así lo ha confesado Rull durante la quinta sesión del juicio.

Como han hecho el resto de acusados hasta la fecha, Rull ha calificado la DUI como "una declaración política, formal y solemne" que fue promulgada "expresamente en términos políticos".

Bassa asegura que la independencia "siempre se planteó como algo pactado"

Dolors Bassa, exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat, ha asegurado que "el referéndum no fue nunca un acto concluyente para la independencia", sino que su finalidad era forzar una negociación con el Estado sustentado en el apoyo de la gente que fue a votar.

"Nunca la independencia se pretendió llevar después del referéndum, siempre se planteó como algo pactado" tras un proceso de acuerdo y negociación que, ha precisado, se llevaría a cabo "durante el tiempo que fuese necesario".

"La Ley de Transitoriedad se aprobó siempre con la idea de una negociación posterior con el Gobierno de España", ha recordado la exconsellera.

"La prueba es que estamos aquí y no ha habido independencia", ha precisado. La exconsellera ha explicado que "estábamos convencidos de que no era delito, teníamos el respaldo del 80% de los ciudadanos catalanes".

Además, Bassa ha denunciado la actuación de las fuerzas de seguridad del estado durante el referéndum. "Lo que era completamente imprevisible era la actuación totalmente desproporcionada de algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado el 1-O", ha dicho.

Dolors Bassa. Imagen: EFE.

Borras: "Había un mandato democrático del Parlament"

Meritxell Borras, una de los tres acusados que está en libertad, ha manifestado que optó por ser fiel al mandato del Parlament de seguir adelante con el referéndum en lugar de atender a los requerimientos del Constitucional, aunque lo hizo "sin menospreciar" al TC.

"Por un lado, había un mandato democrático de la mayoría absoluta del Parlament de Cataluña de hacer un referéndum, y por otro, un Tribunal Constitucional politizado", ha recordado la exconsellera de Gobernación.

Borras ha explicado que "todas las acciones del Govern estaban encaminadas a llegar a un acuerdo con el Gobierno español", pero ha recordado que no había "nadie en la otra silla".

Meritxell Borras. Imagen: EFE.

Mundó asegura que la organización del referéndum "no comportó ningún gasto público"

El exconseller de Justicia Carles Mundó se ha referido en su declaración al carácter "extraordinario" del decreto de convocatoria del referéndum. Según ha explicado, la firma "por parte de todos los miembros del Govern" pretendía "enfatizar el carácter político de ese momento".

Además, ha defendido que "todos los miembros del Govern teníamos la certeza que la organización del referéndum no comportó ningún gasto público". Preguntado por los documentos incautados en la empresa Unipost, Mundó ha manifestado que eran parte de "un presupuesto". "Por más que repitamos que eso era una factura, no lo es", ha dicho.

Mundó se ha negado en varias ocasiones a responder preguntas del fiscal, que a su entender, no tienen nada que ver con los cargos que se le imputan. "Usted me atribuye a mi competencias que no tengo", le ha contestado en un momento del interrogatorio.

Carles Mundó. Imagen: EFE.