Aprobados los seis decretos leyes de Sánchez, con el voto a favor del PNV y EH Bildu

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado los seis decretos leyes económicos propuestos por el Gobierno de España, con el apoyo de los partidos que votaron a favor de la moción de censura contra Mariano Rajoy, entre ellos el PNV y EH Bildu, y con el voto en contra del PP.

El debate de estos decretos leyes, que ha durado alrededor de siete horas, ha recibido duras críticas de toda la oposición, que ha acusado al Ejecutivo de no haber negociado sus contenidos y de presentarlos con un escenario electoral de fondo.

El PNV ha aprobado estos decretos, según han anunciado en Twitter, "porque son positivos en líneas generales, por responsabilidad y porque hemos apreciado síntomas de activación y compromiso en el Gobierno español que confiamos se traducirán en breve en acciones concretas".

EH Bildu, por su parte, defendió el martes que los decretos suponen dar "pequeños pasos en la buena dirección". Según la diputada Marian Beitialarrangoitia, suponen "avances necesarios en la mejora de las condiciones de vida de las personas".

Los seis decretos leyes

Los 64 diputados que conforman la Diputación Permanente han votado los siguientes decretos leyes:

El decreto de medidas urgentes en materia de alquiler, en vigor desde el pasado 6 de marzo, limita las subidas anuales de los precios al incremento del IPC para todos los contratos nuevos durante la duración del contrato firmado y amplía a cinco años la prórroga de su duración frente a los tres actuales.

También se mejora la exclusión de la vivienda de uso turístico, se incluye la elaboración de un sistema estatal de índices de referencia a las viviendas, se elimina la obligación de que el inquilino repercuta el IBI en el caso de las viviendas sociales y se establece la notificación sistemática de los procedimientos de desahucio a los servicios sociales.

El decreto sobre el permiso de paternidad amplía este de manera progresiva: se elevará a ocho semanas en 2019; a doce en 2020 y a 16 en 2021, igualándose así al de maternidad. Una vez equiparados, las seis primeras semanas posteriores al parto serán obligatorias e ininterrumpidas, y las diez restantes que tendrá cada progenitor serán a distribuir hasta que el bebé cumpla un año.

La vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha defendido la urgencia de estas medidas en aras de avanzar en la igualdad, pero la oposición lo ha calificado de "descafeinado", "corto" o "falto de ambición".

El decreto sobre la inversión del superávit permite que entes locales y comunidades autónomas destinen su superávit de 2018 a inversiones financieramente sostenibles en este ejercicio e incluso en 2020. Se trata de inversiones de política social y servicios públicos básicos, como los referidos a seguridad, protección civil, sanidad, educación o equipamientos culturales, por lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que es una regulación "necesaria y urgente".

La Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra podrían beneficiarse de esta prórroga, ya que junto con Asturias, Canarias y Galicia tienen un superávit total de 1.670 millones de euros.

El decreto ley de recuperación del subsidio para desempleados de larga duración desde los 52 años también incluye bonificaciones a la contratación y el registro horario de la jornada.

Según la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, la norma "mejora la vida de más de 2 millones de personas y que invierte en justicia y cohesión social aproximadamente 700 millones de euros".

El decreto sobre la reforma de la estiba desarrolla la del anterior Gobierno en mayo de 2017, hace casi dos años, para romper el monopolio que presentaba este sector, encargado de la carga y descarga de buques en los puertos, y garantizar que cumpliera con la normativa europea.

José Luis Ábalos, ministro de Fomento, ha destacado la importancia de acometer la normativa para la reconversión de la estiba para "cerrar un problema que lleva demasiados años abierto, garantizar la paz social del sector y los derechos de sus trabajadores y además la competitividad de los puertos españoles".

En virtud del decreto para un escenario de brexit sin acuerdo, si Reino Unido termina saliendo de la UE de forma abrupta, los alrededor de 400.000 británicos que viven en España tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para solicitar su Tarjeta de Identidad de Extranjero, el documento que acreditará de forma definitiva su residencia legal en España.

El decreto regula el procedimiento para la emisión de una autorización de trabajo a los nacionales del Reino Unido que sean trabajadores fronterizos en España, y ello "se condiciona a un tratamiento recíproco a los nacionales españoles por las autoridades británicas que garantice el mantenimiento de la actividad laboral especialmente en Gibraltar, donde diariamente se trasladan a trabajar 9.000 trabajadores españoles".