La Asamblea de Cargos Electos rechaza la sentencia del 'procés' y exige diálogo
La Asamblea de Cargos Electos de Cataluña (ACE) ha aprobado este miércoles por unanimidad rechazar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los presos independentistas, por lo que piden la amnistía para todos ellos y diálogo al Estado para resolver el conflicto catalán.
Estas son algunas de las cuestiones que recoge el posicionamiento político aprobado por los más de 2.000 cargos electos de fuerzas independentistas que han asistido a la primera reunión de la ACE, que se ha celebrado en el Palau de Congressos de Catalunya de Barcelona.
El primero de estos puntos destaca que rechazan la sentencia del Supremo en relación al 1-O porque "vulnera los derechos civiles y políticos no solo de las personas condenadas, sino también de la ciudadanía del país y que condena la expresión y el ejercicio de estos derechos, de la libertad y de la disidencia política".
También piden la amnistía, exigen la libertad de los presos independentistas, que los que viven fuera puedan volver, el fin "de la represión judicial, política, social, económica y policial", y expresan su apoyo a la movilización popular y la defensa de la soberanía de las instituciones catalanas.
Además, reclaman diálogo al Estado y una mesa de negociación "que devuelva el conflicto a la política", y apelan a la mediación internacional para conseguir este objetivo.
"Trabajamos por la autodeterminación y por una solución política que permita a los catalanes decidir su futuro político en las urnas", recoge el último de los cinco puntos del manifiesto político de la ACE.
Una comisión gestora trabajará a partir de ahora para articular la ACE y se encargará de elaborar una propuesta de gobernanza que se debatirá y votará durante la próxima asamblea, y han asumido el compromiso de defender los derechos civiles, sociales y políticos, y de estar "con los que sufren la represión".
Además, se comprometen a impulsar la iniciativa 'Spain, seat and talk', que consistirá en contactar con electores de instituciones municipales, autonómicos y estatales "para denunciar la represión, la regresión democrática del Estado y para pedir que el Estado se siente a hablar", lo que podrán extender al ámbito internacional.
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