Trapero defiende la actuación de los Mossos en el 1-O y se desmarca del Govern

El mayor Josep Lluis Trapero ha defendido la actuación de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluna, y se ha desmarcado del Govern de Carles Puigdemont y del proceso independentista.

En la Audiencia Nacional se ha iniciado hoy el juicio contra Trapero, el exdirector de los Mossos Pere Soler y el ex secretario general de Interior Cesar Puig, para quienes la Fiscalía pide 11 años de cárcel por rebelión, así como contra la intendente Teresa Laplana, que afronta una petición de 4 años de prisión por sedición.

Nada más iniciarse el juicio, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha dejado la puerta abierta a que la Fiscalía rebaje "en el momento oportuno" la acusación por rebelión, después de que el Supremo condenó por sedición a la cúpula del procés.

Con la acusación por rebelión aún vigente, Trapero, en la línea de su testifical en el Supremo, se ha desmarcado de Puigdemont -ha dicho que no mantenía con él una relación ni "estrecha, ni buena ni mala"- y ha resaltado su "incomodidad" con la estrategia del Govern de mantener el referéndum unilateral, aunque ha alegado que siempre dejó claro que cumplirían las órdenes judiciales y que lo hicieron.

Es más, Trapero ha calificado las resoluciones de ruptura que el Parlament aprobó en el marco de la estrategia unilateral independentista como "una barbaridad más de las que se estaban haciendo" en el procés.

Ha insistido en que en la reunión que mantuvieron con Puigdemont y varios consellers el 28 de septiembre advirtieron al Govern de que "no se equivocaran", de que la policía catalana no iba a "secundar ninguna ruptura de la legalidad ni de la Constitución" y expresaron su "preocupación" por los daños a la imagen del cuerpo.

"Y él nos dice que más importante que la imagen de los Mossos era la imagen del Govern", ha añadido Trapero, que ha subrayado que en esa reunión también se reprochó al Puigdemont las "exposiciones públicas" de algunos consellers sobre el papel del cuerpo.

Ante la insistencia del fiscal Miguel Ángel Carballo, Trapero ha negado que su ascenso al rango de mayor fuera impulsado por Puigdemont en el marco de sus planes sobre la independencia, ya que el entonces presidente "no tuvo nada que ver" en ello.

Según Trapero, desde el Govern tan solo le sondearon en una ocasión, en septiembre de 2016, para saber cómo actuarían los Mossos d'Esquadra ante un eventual referéndum unilateral.

Fue el entonces secretario del ejecutivo de Puigdemont, Joan Vidal de Ciurana, quien le convocó al Palau de la Generalitat en septiembre de 2016, más de un año antes del referéndum del 1-O, para preguntarle dónde estarían los Mossos si se generaba una "doble legalidad".

"La doble legalidad no existe", respondió Trapero, que también dejó claro al secretario del Govern de Puigdemont que los Mossos d'Esquadra harían "siempre" lo que dijeran los jueces y que lo cumplieron.

Discrepancias con la Guardia Civil

En su interrogatorio, Trapero ha calificado de "ofensivo" que el coordinador del dispositivo policial del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, afirmara que sus advertencias de los riesgos de una intervención policial para impedir el referéndum fueran una excusa para que se pudiera celebrar.

"Yo me puedo equivocar, pero no necesito excusas" ha replicado Trapero, que no ha escondido sus diferencias con De los Cobos, hasta el punto que fue lo que motivó que se apartara del gabinete de coordinación y que delegara en su entonces número 2, Ferran Lopez.

En su interrogatorio, de casi seis horas, el fiscal ha inquirido a Trapero por los motivos por los que permitieron la ocupación de numerosas de las escuelas que iban a acoger las urnas del referéndum durante todo ese fin de semana.

"No entendimos que eran actividades preparatorias del referéndum", ha contestado el mayor, que ha argumentado que los Mossos entendieron que la orden judicial de precintar las escuelas no "facultaba" a la policía catalana a desalojar los centros antes del día 1 y se ha escudado en lo "difícil" que resultaba "distinguir" entre las actividades educativas y lúdicas y las relacionadas con el 1-O.

Sobre los votantes, ha afirmado que ver cómo defendían las urnas era "poco imaginable". "Era que les iba la vida, estamos hablando de una actitud difícil de entender y sobre todo de prever", ha alegado.

Protestas del 20S

Por otro lado, Trapero ha defendido el dispositivo de los Mossos d'Esquadra en la jornada "excepcional" del 20S, en que optaron "en todo momento" por evitar que se les "escapara de las manos" la situación en la protesta contra el registro en la sede de Economía.

Trapero ha negado "pasividad" en la actuación de los Mossos y ha justificado su estrategia de intentar evitar que la intervención policial generara un mal mayor, al tiempo que ha negado que el exlíder de la ANC Jordi Sànchez impusiera condiciones al dispositivo policial.

Ha lamentado que la Guardia Civil no les avisara de que ese día iban a practicar más de 40 actuaciones simultáneas que requerirían la movilización de efectivos de orden público.

El fiscal le ha preguntado también sobre el papel de Jordi Sànchez, expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y que ha sido condenado a 9 años cárcel por el Supremo, y ha admitido que se erigió en una especie de mediador, si bien ha afirmado que sólo le conocía de una o dos reuniones cuando era adjunto al Síndic de Greuges y ha negado cualquier otros tipo de relación personal con él.

Cuestiones previas

La primera sesión del juicio ha comenzado con las cuestiones previas, en las que la Fiscalía ha mantenido sus acusaciones por rebelión. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha anunciado que calibrará "en el momento oportuno" la acusación contra Trapero, Soler y Puig teniendo en cuenta la sentencia del Supremo que condenó a los impulsores del "procés" por sedición.

"La Fiscalía de la Audiencia Nacional es consciente de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y en el momento oportuno se considerará la conveniencia de calibrar la acusación que corresponde sobre estos hechos, pero este no es el momento procesal oportuno y por lo tanto no se va a hacer ninguna modificación en este momento", ha expuesto Carballo al responder a las cuestiones previas planteadas por las defensas al inicio del juicio.

Así, parece que el eventual cambio se producirá al final del juicio, en la fase de exposición de las conclusiones definitivas de la Fiscalía.

Trapero ha llegado al tribunal pasadas las 08:30 horas, acompañado de su abogada, Olga Tubau, y ninguno de los dos ha hecho declaraciones a los numerosos medios de comunicación que se han congregado a la entrada. Poco después han llegado los otros tres acusados en este juicio, César Puig, ex secretario general de Interior de la Generalitat, Pere Soler, exdirector de los Mossos y Teresa Laplana, intendente.

Sobre la misma hora ha llegado Eduard Sallent, actual jefe de los Mossos d'Esquadra, para presenciar esta primera sesión de la vista oral contra el que fue su antecesor en el cargo.

101 testigos

El tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal que preside la magistrada Concepción Espejel ha previsto sesiones diarias, salvo los viernes, que se alargarán previsiblemente hasta finales de marzo, pues además de los cuatro acusados se prevé que declaren alrededor de 101 testigos

A diferencia del juicio del 'procés', que se celebró en el Tribunal Supremo, ubicado en el centro de Madrid, la Audiencia Nacional ha preferido utilizar su sede en San Fernando de Henares, a unos 20 kilómetros de la capital, en vez de hacerlo en las salas de vistas de la sede principal de la calle Génova.

El Ministerio hizo públicos sus escritos de acusación para los líderes del procés, tanto los procesados en el Supremo como en la Audiencia Nacional, y en ellos se siguió el mismo criterio para todos: "lo que ocurrió en Cataluña en el otoño de 2017 se corresponde con un delito de rebelión".

La carga de trabajo en la Audiencia Nacional quiso que el juicio del Supremo se celebrara un año antes que el de los mandos de los Mossos y que sus conclusiones se hicieran públicas con tres meses de antelación.

La sentencia del tribunal que presidió Manuel Marchena fue unánime y estimó que los hechos fueron constitutivos de un delito de sedición, descartando así la tesis de Fiscalía y apostando por la que defendió la Abogacía del Estado.

Una vez se publicó la sentencia, los ojos se dirigieron hacia la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero tanto sus responsables como la fiscal general del Estado, María José Segarra, no hicieron ningún adelanto acerca de cuál será la acusación que se sostendrá durante el juicio.

El Ministerio Público considera que Trapero, Puig, Soler y Laplana cooperaron de forma "decisiva, consciente e intencionada" con los líderes independentistas tanto en los sucesos del 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consejería catalana de Economía como durante el referéndum del 1 de octubre.