La Diputación Permanente no puede asumir la actividad ordinaria del Parlamento Vasco

Los servicios jurídicos del Parlamento Vasco han concluido que la Diputación Permanente no puede ampliar sus competencias ni funcionar como un Parlamento "ordinario" en el que todos sus representantes tienen su mandato en vigor, dado que "no existe base reglamentaria ni fáctica" que lo justifique.

El informe en el que se recoge esta reflexión de los letrados del Parlamento, analizado en este miércoles por la Mesa de la Diputación Permanente de la Cámara, responde a una petición de EH Bildu.

La coalición considera que en la actual situación política y sociosanitaria, con el Parlamento disuelto pero sin fecha para la celebración de las próximas elecciones autonómicas por la incertidumbre respecto a la pandemia del coronavirus, es necesario habilitar cauces para que la Cámara pueda recuperar su actividad y su función de control al Gobierno.

Por ese motivo, EH Bildu había encargado a los letrados del Parlamento un informe que analizara la actividad de la Cámara, que en estos momentos está disuelta y que mantiene una actividad mínima a través de su Diputación Permanente. Además, pedía a los servicios jurídicos que propusieran la fórmula legal más adecuada para que esta institución recuperase su "actividad ordinaria".

A la hora de interpretar el alcance de las atribuciones de la Diputación Permanente, los servicios jurídicos señalan que "parece razonable que, si se dan los requisitos formales y materiales requeridos", este órgano pueda tramitar ciertas iniciativas, como proposiciones no de ley.

También considera que "cabría una función legislativa parcial" de la Diputación Permanente a la hora de aprobar o rechazar proyectos de ley remitidos por el Gobierno Vasco con medidas extraordinarias para hacer frente a la actual crisis sanitaria, a través del procedimiento de lectura única.

Pero los letrados del Parlamento subrayan que "parece (...) razonable pensar que, en estos momentos, la Diputación Permanente debe actuar conforme a las competencias y funciones que le corresponden reglamentariamente", y que la ampliación de sus competencias y funciones "como si de un Parlamento ordinario se tratase, es decir, con los 75 parlamentarios con su mandato en vigor, no tiene base ni reglamentaria ni fáctica".