Denuncian al consejero Arriola por la venta de 500 VPO a un fondo sueco de inversión
La Iniciativa por el Derecho a la Vivienda y la Exclusión Social ha presentado una denuncia en el Juzgado de Guardia de Vitoria contra el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, por la venta de 500 VPO de Vitalquiler a un fondo sueco de inversión.
Así lo han explicado miembros de esta plataforma en una rueda de prensa celebrada frente a la delegación territorial de Vivienda del Gobierno Vasco en Vitoria, donde los convocantes han opinado que la actuación del Ejecutivo autonómico puede constituir "un delito de prevaricación, fraude y estafa".
La plataforma ha criticado "el papel determinante" que ha jugado el Gobierno Vasco y los partidos que lo conforman, PNV y PSE-EE, en "la venta fraudulenta" de 500 viviendas de protección oficial de los barrios de Salburua y Zabalgana al fondo sueco de inversión inmobiliaria Catella cuando fueron construidas con ayudas públicas, "bajo el compromiso de dedicarlas a alquiler protegido".
La asociación ciudadana ha manifestado que el Gobierno Vasco, además de autorizar la venta, "ha renunciado a ejercer el derecho de tanteo y retracto" previsto en el artículo 65 de la Ley vasca de Vivienda, "perdiendo una gran oportunidad" de aumentar el parque público de vivienda en propiedad.
Los convocantes han acusado al Ejecutivo vasco de ejercer una política de vivienda que va "en contra de las necesidades de la población" al anteponer "el negocio privado al derecho a la vivienda" y dejar a parte de la población "en situación de vulnerabilidad" en manos de fondos que buscan la rentabilidad económica y no el bienestar de estas personas.
A su juicio, el traspaso de viviendas públicas al ámbito privado pone en cuestión "las necesidades básicas" de la población, ya que muchas personas que viven en esas casas pertenecen "a sectores vulnerables", dado "el carácter social" de los alquileres.
El Gobierno Vasco niega las acusaciones
Por su parte, el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco ha asegurado que la denuncia por prevaricación y estafa presentada contra el consejero Iñaki Arriola, "no tiene recorrido jurídico" y responde a "una clara intencionalidad política".
Además, han explicado que los pisos "seguirán siendo Viviendas de Protección Oficial toda la vida", dado que están calificadas de forma "permanente" como tales. Asimismo, han destacado que los pisos pasarán a manos del Gobierno Vasco en un plazo de 75 años.
Desde el departamento de Vivienda también han destacado que el fondo que ha comprado estas viviendas se ha comprometido a mantener las condiciones de los alquileres por un periodo de diez años.
Por todo ello, ha afirmado que una operación de este tipo "no puede dar lugar a una especulación con estas viviendas".
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