La Fiscalía pide investigar un contrato de Podemos, pero critica perseguir rumores

La Fiscalía de Madrid ha pedido al juez que limite su investigación a Podemos al contrato que suscribió con la empresa Neurona Consulting para las elecciones del 28 de abril de 2019, y ha advertido de que el resto de cuestiones denunciadas por José Manuel Calvente son "rumores, sospechas o suspicacias".

"Acordar toda esta batería de diligencias sobre la base de rumores, sospechas y claramente enemistad y animadversión del denunciante, es completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática", expone el fiscal en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.

Es el primer escrito de Fiscalía tras la apertura de la investigación ante la denuncia de Calvente, exabogado de Podemos, que llevó ante el juez una serie de presuntas irregularidades, entre ellas la relativa al contrato con Neurona Consulting, al que aludió también el Tribunal de Cuentas en un reciente informe.

En él ve el fiscal "indicios racionales" de un posible "hecho delictivo" dado que "existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación" del gasto y que la empresa se creó "ad hoc" para la prestación del servicio", informa la Fiscalía en un comunicado.

El objeto social de la empresa no coincide con las prestaciones contratadas, expone el fiscal, que considera que "no ha quedado suficientemente acreditada" la "efectiva elaboración" de algunos trabajos.

Sostiene que Neurona efectuó abonos en fechas próximas al 28A a una mercantil con sede en Dallas (Creative Advice Interactive) por 308.257 euros "cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores", y añade que los gastos que figuran en sus cuentas son los normales de prestación de servicios, pero no constan "gastos de personal, medios materiales o locales" propios de una actividad empresarial.

Donde no ve delito sino "rumores, sospechas o suspicacias" de Calvente es en la denuncia sobre los supuestos contratos "fraudulentos" con la empresa ABD en los que el portavoz de Podemos, Rafael Mayoral, y el secretario de Comunicación, Juan Manuel del Olmo, habrían intervenido presuntamente como comisionistas.

Para la Fiscalía, "no se aporta indicio alguno de que el contrato sea ficticio o el motivo por el cual considera que cobraron comisiones del Olmo y Mayoral" más que "meras afirmaciones", y cuestiona también el supuesto papel de intermediario y comisionista que atribuye la denuncia al cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

La Fiscalía cree así que no hay "un mínimo de prueba suficiente para iniciar una investigación tan amplia, máxime cuando ya existe control de estos contratos por el propio Tribunal de Cuentas".

La caja de "solidaridad"

Ante el juez, Calvente atribuyó a Mayoral la responsabilidad sobre el dinero de la llamada "Caja de Solidaridad", y puso como ejemplo que de ella se podrían haber pagado 50.000 euros a #404 Comunicación Popular.

La Fiscalía sostiene que se trata de una "asociación cuya finalidad es dar visibilidad a denuncias sociales" y no ve indicios de que Mayoral se haya apropiado de este dinero a través de terceros "por más que se acompañen (los indicios) de relaciones y rumores obtenidos a través de internet".

Las obras en la nueva sede de Podemos

Calvente dijo haber visto "cosas raras" en los contratos de obra de la nueva sede de Podemos en el distrito madrileño de Ciudad Lineal: las obras se licitaron por 650.000 euros pero la adjudicación se publicó por 1,3 millones de euros.

Respecto a esta diferencia de precio, la Fiscalía alude a la declaración de Calvente y apunta que éste "ni siquiera considera que el valor real de la obra no fuera el de 1.361.055 euros, sino que lo único que refiere es que la adjudicación fue a dedo", y le reprocha que aluda a la falta de referencias sobre la existencia de vínculos personales o patrimoniales injustificados que determinaran dicha adjudicación.

Complementos salariales

En relación a los complementos salariales o la supuesta falta de justificación de gastos de algunos miembros, el fiscal recuerda que fue el propio partido quien impuso un límite salarial y subraya que de las nóminas aportadas por Calvente, ninguna lo supera.

"No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde"", precisa la Fiscalía, que afirma asimismo que el cobro de cantidades superiores al límite fijado por el partido podría ser "discutible" desde su normativa pero no constituye delito.