Juristas avisan de que la ley antipandemia vasca podría ser inconstitucional

Profesores de Derecho Constitucional de la UPV-EHU han alertado en comisión parlamentaria de la posible inconstitucionalidad de algunas de las restricciones contenidas en la proposición de ley antipandemia vasca, que también ha cuestionado el sindicato de enfermería Satse por no incluir ninguna medida para fortalecer el sistema sanitario.

Ainhoa Lasa y Javier Tajadura, ambos docentes en la UPV-EHU, han acudido a la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para hacer aportaciones a esta propuesta de norma, sobre la que también ha opinado Satse, a través de su secretaria general en Bizkaia, Amaia Maior.

Esta norma, que se tramita con carácter de urgencia y a instancias de PNV y PSE-EE, prevé sanciones de entre 100 y 600.000 euros y contempla cinco niveles de alerta con distintas medidas, algunas comunes a todas las fases como la distancia interpersonal, el lavado de manos, la ventilación, el uso de mascarilla o la obligatoriedad de guardar cuarentena en caso de contagio o de sospecha del mismo.

Entre las más duras están los cierres perimetrales, la suspensión de actividades económicas no esenciales, el paso de la educación presencial a la telemática, los confinamientos individuales o para colectivos específicos -previa autorización judicial- y el cierre de actividades que "más incidan sobre el contacto".

La profesora de Derecho Constitucional en la UPV-EHU, Ainhoa Lasa, ha advertido de la "falta de cobertura jurídica" de algunas de las medidas recogidas en este texto al recordar que las "limitaciones de derechos fundamentales con carácter general" quedan reservadas para las Cortes Generales.

Entre estas restricciones sobre las que ha dicho que no tendrían potestad las autoridades autonómicas se ha referido a los confinamientos y a las reuniones sociales, mientras que sí podría legislar sobre aspectos relacionados con las limitaciones de aforo en los establecimientos públicos o sobre las cuarentenas de personas enfermas.

A su juicio, la reforma de la ley de medidas especiales de salud pública que proponen algunos partidos no supondría tampoco una "carta blanca" para el legislativo estatal y los autonómicos para restringir derechos de forma generalizada.

En manos de Euskadi quedan, según ha dicho, herramientas para adoptar restricciones para hacer frente a brotes en zonas puntuales, así como otras dirigidas a incidir en la prevención, como ligar las ayudas a la empresas a que estas apliquen protocolos de seguridad.

Por su parte, Javier Tajadura ha opinado que el Gobierno Vasco tiene competencias sanitarias para gestionar una pandemia, pero no para restringir derechos fundamentales, que ha recordado que solo puede hacerse por ley orgánica y en las Cortes Generales, por lo que ha concluido que la proposición contiene una "extralimitación competencial".

"No está en manos de este Parlamento establecer una legislación extraordinaria para hacer frente a la pandemia, atribuyendo al Gobierno Vasco unos poderes de excepción" para restringir la libre circulación y el derecho de reunión, ha subrayado.

Ha explicado que en todo caso el lehendakari, Iñigo Urkullu, puede pedir al presidente del Gobierno español que decrete el estado de alarma para Euskadi y que delegue la competencia para gestionarlo en el Ejecutivo de Vitoria.

Además, también ha cuestionado que se puedan limitar derechos fundamentales con carácter general  modificando la ley de medidas especiales de salud publica, porque con esta reforma solo se pueden hacer "limitaciones de derechos con carácter individualizado".

Desde Satse, su secretaria general en Bizkaia, Amaia Maior, ha lamentado que la norma no incluye "ninguna mención" la fortalecimiento del sistema sanitario y que "afecta" a los derechos fundamentales de reunión y de manifestación.

En este sentido, ha subrayado que la "sobrecarga" del sistema sanitario no solo obedece a la pandemia, sino que tiene "relación directa" con la "falta de inversión reiterada en sanidad y con la precarizacion" de sus trabajadores.

A su juicio, no incluye medias para corregir "el déficit de profesionales" y, en su defecto, prevé cambios organizativos que afectan a las condiciones de trabajo sin tener en cuenta que están sujetas a la negociación colectiva.