Eurodiputados vascos, catalanes, irlandeses y corsos abren el debate de una ley de claridad en la UE
Eurodiputados de ERC, Junts, PNV y EH Bildu junto a otras fuerzas independentistas europeas han presentado este martes una iniciativa común para que la UE estudie una ley de claridad, tomando como ejemplo la legislación de Canadá que permitió dos referendos de independencia para la región de Quebec.
El denominado Mecanismo Europeo Democrático de Claridad se presenta como una "herramienta institucional" para resolver conflictos de corte independentista y encauzar legalmente estos procesos en el seno de la UE, según han defendido el grupo de eurodiputados al que se ha unido François Alfonsi, independentista de Córcega, y Chris McManus, del Sinn Fein.
"Fuera de la ley nada es posible, pero solo con la ley no se resuelven estos conflictos", ha señalado Izaskun Bilbao, del PNV, quien ha asegurado que la propuesta busca fortalecer la Unión "desde el corazón de sus valores" y basándose en la unión "voluntaria y convencida de la diversidad y de las reglas democráticas".
De lado de Junts, Clara Ponsatí ha abogado por que la respuesta de la UE y sus instituciones ante cuestiones independentistas sea "ofrecer más democracia y no menos".
"La Unión debe avanzar siendo ejemplo en la resolución pacífica de conflictos territoriales", ha subrayado, pidiendo que el bloque europeo se implique cuando un Estado miembro no reconozca el conflicto interno.
Por parte de EH Bildu, Pernando Barrena se ha felicitado de establecer este mecanismo que sirva para hacer frente común sobre la necesidad de fijar un marco legal sobre la autodeterminación.
Esta propuesta se presentará en el contexto de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, los debates participativos que tienen lugar en Estrasburgo con los que la Comisión Europea estudiará próximas reformas.
Así, los firmantes aspiran a que la cuestión pueda ser considerada en los tratados de la UE, "para permitir a las instituciones europeas adaptarse a desafíos globales y representar mejor a sus pueblos".
Entienden que la UE debe garantizar la libre expresión de sus ciudadanos sobre el estatus político de sus países dentro de un marco definido. Este se debe basar en claridad sobre la cuestión, garantizar una votación, obligación de negociar de buena fe y contar con marcos de conciliación para facilitar las negociaciones.
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