El Gobierno Vasco lamenta que se cuestione la labor de las juntas de tratamiento de las prisiones vascas

La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha lamentado que haya partidos políticos que estén poniendo "en cuestión" el "rigor" con el que actúan las juntas de tratamiento de las prisiones vascas, unos órganos que están integrados por  "uno de los colectivos más perseguidos por ETA" y que, a la hora de decidir sobre las progresiones de grado de los reclusos, operan con los "mismos" criterios que antes de que la competencia sobre las cárceles fuera transferida a la comunidad autónoma.

Artolazabal ha respondido este viernes, en el pleno de control que celebra el Parlamento Vasco, a una pregunta de Grupo Mixto-Vox en torno a las progresiones de grado a las que han accedido en los últimos meses algunos presos de ETA que se encuentran cumpliendo condena en la CAV.

La consejera, tal y como ya hizo el pasado 28 de febrero, ha repasado los datos sobre el número de reclusos que han accedido a una progresión de grado desde que el Gobierno Vasco asumió, el pasado mes de octubre, la competencia contemplada en el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 sobre las prisiones de Euskadi.

De esa forma, ha explicado que en este tiempo, las juntas de tratamiento de las cárceles ubicadas en Euskadi han realizado 330 revisiones de expedientes de reclusos (26 de ellos de ETA) en las que se ha decidido el mantenimiento del segundo grado. A su vez, ha recordado que los expertos que integran estas juntas de tratamiento han propuesto 166 progresiones a tercer grado (régimen de semilibertad), de las que una decena corresponden a presos de ETA.

Artolazabal ha insistido que a la hora de aceptar estas propuestas de las juntas de tratamiento, el Gobierno Vasco se ha limitado a "cumplir la legalidad" contemplada en la Ley Orgánica General Penitenciaria, el Código Penal y el Reglamento Penitenciario. La consejera ha recordado que no existe la cadena perpetua, y ha afirmado que a la hora de abordar estas cuestiones, las instituciones no pueden hacerlo con "el corazón", sino que han de actuar "conforme a la ley".

En todo caso, ha subrayado que el Gobierno Vasco siempre tiene en cuenta a las víctimas, a las que informa "personalmente y con antelación" de cualquier medida que pueda afectarlas.

Pese a las explicaciones de la consejera, la parlamentaria del Grupo Mixto-Vox ha acusado al Ejecutivo autonómico de "ningunear a las víctimas", de "privilegiar a los asesinos" y de querer "excarcelar a quienes han apretado el gatillo".

"El tercer grado no es libertad"

La parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha insistido en el tema, y en su pregunta ha planteado la posibilidad de que la Audiencia Nacional revoque alguna concesión de tercer grado, como ya ha ocurrido con decisiones del Ministerio español de Interior.

Ante esa pregunta, la consejera de Justicia ha admitido que existe la posibilidad, pero que ya verán cuál es "el resultado, porque hemos hecho un trabajo riguroso", en referencia a las decisiones tomadas hasta ahora.

Además, ha recordado a la parlamentaria popular que el tercer grado "no es libertad, el preso debe seguir cumpliendo el tratamiento".