Ley de Secretos Oficiales, una ley anacrónica en un tiempo moderno

Cuando le preguntaron ayer, martes, a la portavoz del Gobierno de España y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, sobre el presunto espionaje a independentistas catalanes -además de a Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu- contestó que España es una democracia en la que ni se espía ni se escuchan las comunicaciones "si no es al amparo de la ley y del derecho".

"Yo quiero insistir en este mensaje de tranquilidad: este es un país democrático y de derecho en el que no se espía, donde respetamos las libertadas individuales, donde no se intervienen conversaciones, en el que no se interceptan las comunicaciones si no es al amparo de la ley. No se pueden limitar derechos salvo con el amparo de la ley donde la justicia hace su trabajo. Les doy la absoluta garantía de que el Estado funciona", afirmó.

No obstante, cuando le preguntaron por si el CNI dispone del programa espía Pegasus, ha dicho que "hay asuntos que, dado que tratan de la seguridad nacional, están protegidos por ley y son materias clasificadas, asuntos secretos, sobre los cuales no puedo darles cuenta, porque me lo prohíbe la ley".

Es la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales la ley vigente que determina y regula las materias que son clasificadas como "secretas" o "reservadas". Es una ley preconstitucional, promulgada en pleno Franquismo, con algún retoque en el '78, que nadie niega que haya quedado obsoleta.

La ley dice literalmente que pueden ser declaradas "materias clasificadas" los "asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado".

En este caso, toda actividad del CNI no puede hacerse pública en virtud de esa clasificación. A pesar de ello, según ha recordado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista realizada hoy mismo en RTVE, las actuaciones del CNI están "sometidas al control judicial y parlamentario -en comisión-", a pesar de que todo lo que se dice en esa comisión no puede hacerse público.

Hoy, una información hecha pública por El País indica que el CNI adquirió la pasada década el programa Pegasus por seis millones de euros (aunque la cuantía final depende del uso), con el argumento de que no iba a ser usado en España.

-¿Quién clasifica las materias como secretas? Es el Consejo de Ministros el que decide qué puede ser peligroso para la seguridad del Estado. La ley también cita a la Junta de Jefes del Estado Mayor, órgano de las Fuerzas Armadas que dejó de existir en 2005.

-¿Durante cuánto tiempo están clasificadas como secretas/reservadas? El plazo de vigencia es uno de los aspectos que más controversia han generado en los últimos tiempos. España es un lugar que contrasta con otros países en el contexto europeo, porque las materias clasificadas como secretas son eternamente secretas. Por ejemplo, en Reino Unido o Suecia, los documentos son clasificados por 30 y 30 años respectivamente. En EEUU, son 25 años.

-Reforma de la Ley de Secretos Oficiales A día de hoy, se trata de un texto que está en fase de elaboración en una comisión dirigida por el Ministerio de Presidencia (cuyo titular es Félix Bolaños), con la participación del los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores. La intención del Gobierno español es que aglutine el mayor consenso posible y que quede finalmente aprobada antes del fin de la legislatura, en 2023.

El PNV, mediante su grupo parlamentario, ha sido el que más recientemente ha insistido en que se reforme la ley de secretos franquista. Hizo la proposición en 2016, se admitió, pero la tramitación se fue alargando hasta que quedó fuera en marzo de 2019. Finalmente, fue admitida a trámite una vez más en 2020, pero quedo descartada porque el Gobierno español no comparte establecer un periodo de vigencia fijo de 25 años para los secretos y de 10 para los clasificados, sin hacer mayores distinciones entre ellos, y quedó rechazada en comisión.

En noviembre del pasado año, PSOE y Podemos acordaron impulsar una nueva ley de Secretos Oficiales conforme a los principios de "legalidad, necesidad y proporcionalidad" y acorde con las normas europeas e internacionales en esta materia.