Denuncian en el Parlamento Navarro la situación "fuera de toda legalidad" del periodista Pablo González

Gonzalo Boye, abogado del periodista Pablo González, y la mujer de éste, Oihana Goiriena, han comparecido en el Parlamento de Navarra, donde han lamentado la falta de información casi tres meses después de su detención en Polonia por una acusación de presunto espionaje.

La comparecencia ha sido solicitada por PSN, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra para informar sobre el arresto y la incomunicación del periodista vasco, y no ha acudido Navarra Suma.

Gonzalo Boye ha expresado durante la sesión su "preocupación por la situación de Pablo, después de casi tres meses de detención y en la práctica incomunicación", toda vez que Oihana Goiriena "no ha podido hablar con su marido y yo como abogado no he podido hablar con él ni visitarle".

El abogado ha explicado que "inicialmente se nos explicó que era una acusación por espionaje y que había sido detenido por los servicios secretos polacos"; sin embargo, ha denunciado que Polonia no ha presentado ninguna prueba sobre los motivos de la detención: "Me gustaría sacar carpetas y mostrarles documentación, pero no podemos porque no la tenemos".

Ha recordado que en dos semanas se cumplen los tres meses de prisión provisional que inicialmente se acordaron y aún no saben se van a prorrogar o no, "seguimos sin saber el contenido de la acusación, ni cuál es la razón legal para que un abogado previamente designado por Pablo no le pueda visitar, ni cuál es la razón legal para que su propia familia no pueda comunicar directamente con él, porque no puede recibir ni cartas, ni llamadas, ni visitas", ha afirmado. "¿Por qué nadie puede ver a Pablo? Esa es la pregunta".

Boye quien ha asegurado que, "a excepción del cónsul español cuyas actuaciones agradecemos, el resto de autoridades españolas no parecen preocupadas por la situación de Pablo, y  tampoco hacen grandes esfuerzos para restablecerle en unos derechos básicos, primero el de presunción de inocencia".  Ha recalcado que "las autoridades españolas deberían haber exigido a las polacas que se garantizase el acceso a la familia, a unas comunicaciones mínimas y también un acceso a un abogado de libre elección".

Boye ha subrayado que "tres meses de incomunicación es una bestialidad porque puede ser utilizado, y no me cabe duda de que es la intención de las autoridades polacas, para intentar modificar la voluntad de Pablo González".

Sin embargo, ha asegurado que "aquí no han respetado una sola norma europea en materia de derechos fundamentales de trato a personas en prisión, no han respetado una sola de las normas de la carta de derechos fundamentales en materia de procesos con las debidas garantías".

Por su parte, Oihana Goiriena ha explicado que lleva "casi tres meses sin hablar con mi marido y él lleva casi tres meses sin hablar con su mujer y sus hijos". "No podemos hablar con él, sabemos que no le hacen llegar nuestras cartas, la incomunicación es prácticamente total y eso le puede afectar a su estado moral y anímico, y no me parece muy justo", ha señalado.

Goiriena ha señalado que el cónsul español "es el único medio de información semidirecta que tenemos, a través de él le hago llegar mensajes, pero solo le ha visitado dos veces y solo dos veces ha sabido de nosotros". "Lo que sabemos de él es muy poco, que está bien de salud, que está bien de ánimos, que está fuerte dentro de lo que cabe y nada más, no se nos puede decir nada más y eso es muy duro", ha afirmado.

Los grupos muestran su solidaridad

En el turno de intervención de los grupos, la portavoz del PSN, Inma Jurío, ha asegurado que "la preocupación que expresan" el abogado y la mujer de Pablo González "es compartida por todos", pero ha señalado que, sin disponer de más información sobre el caso, "poco más podemos aportar nosotros, más que manifestar el deseo de que la situación se resuelva lo antes posible y de la forma más favorable a los intereses familiares y personales de cualquier persona que se encuentra detenida". Jurío ha afirmado que "el Estado español, a través de vías diplomáticas, si que ha realizado las actuaciones que debe realizar y muchas veces las vías diplomáticas pueden actuar de maneras que no son tan públicas". "No creo que ayudemos nada haciendo alegatos puramente políticos y criticando sin conocimiento determinadas situaciones que se pueden producir en otros países", ha añadido.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, se ha "solidarizado" con la mujer de Pablo González y ha afirmado que "hasta la fecha Polonia no ha aportado pruebas que justifiquen esta detención". Además, ha considerado que hay una "actitud excesivamente tibia por parte de las autoridades españoles". "España no puede ser ni modélica ni ejemplarizante en calidad democrática, porque aquí también se cerraron periódicos, España ha sido condenada en diez ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por diferentes motivos", ha señalado.

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha sostenido que Pablo González "está sufriendo una grave vulneración de los derechos fundamentales como periodista y como ciudadano de la Unión Europea, es una situación de indefensión absoluta, no se están cumpliendo los estándares comunitarios en cuanto a la libertad de prensa". Tras ello, ha exigido al Gobierno de España que "se implique de manera seria para trabajar por la libertad de Pablo".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha expresado "toda su solidaridad y apoyo ante lo que es un auténtico atropello, ya que Polonia está pasando por encima de toda la legislación internacional". "Se está produciendo una detención e incomunicación de una persona fuera de la legalidad. ¿Cómo se puede explicar que ni su familia ni la defensa puedan comunicarse con esta persona cuando aún no hay ninguna prueba de una acusación que en principio no se sostiene?", ha planteado.

Por último, el portavoz de Geroa Bai, Jabi Arakama, ha afirmado que Pablo González se encuentra en "unas condiciones durísimas que nadie tendría que sufrir, menos sin que las autoridades responsables aporten pruebas fehacientes de la necesidad de esa detención, ni siquiera han aportado en qué consiste la acusación, parece claro que no se están cumpliendo los derechos humanos relativos al detenido".