El TS confirma la condena de prisión de Griñán y la inhabilitación de Chaves por el fraude de los ERE

El Tribunal Supremo ha confirmado en esencia la sentencia que impuso seis años de cárcel al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación a su antecesor, Manuel Chaves, por el caso ERE, un sistema fraudulento de ayudas sociolaborales desplegado entre 2000 y 2011.

Con un tribunal dividido (tres votos a favor y dos en contra), el Supremo ha avalado en líneas generales la tesis de la Audiencia de Sevilla, que estableció que Griñán incurrió en malversación de caudales públicos y prevaricación durante su etapa como consejero de Economía, entre 2004 y 2009, cuando Chaves, condenado únicamente por prevaricación, presidía la Junta.

Y es precisamente en la malversación donde han discrepado los cinco miembros del tribunal: dos de ellos, las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, consideran que Griñán y otros cuatro ex altos cargos deberían haber sido absueltos por este delito, que es el que lleva aparejada la pena de cárcel.

A falta de conocerse los argumentos del Supremo, que notificará su resolución cuando las dos juezas redacten su voto particular, la sentencia aboca a prisión a Griñán, de 76 años y quien ya ha anunciado que agotará todos los recursos y pedirá al Tribunal Constitucional suspender su entrada en la cárcel, sin descartar, incluso, acudir a la vía del indulto.

Chaves y Griñán -condenado también a 15 años de inhabilitación- son los principales protagonistas de la decisión adelantada este martes por el Supremo, relativa a la pieza política de los ERE, que giró en torno a la creación y mantenimiento de un sistema de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.

Un sistema del que, según declaró probado la Audiencia de Sevilla, el entonces Gobierno socialista andaluz conocía su "patente" y "palmaria ilegalidad" y la "absoluta falta de control" en la concesión de ayudas.

Junto a los dos históricos exdirigentes socialistas, otros catorce ex altos cargos han visto confirmadas las condenas que les impuso este tribunal hace ya casi tres años, el 19 de noviembre de 2019.