Educación publica la orden que obliga a las empresas de transporte escolar a operar en las rutas no licitadas
El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este martes la orden que obliga a las empresas que durante el curso educativo anterior operaron las líneas de transporte escolar de centros públicos y que este año han quedado desiertas a prestar estos servicios en el curso 2023-2024.
La orden tiene efectos desde este mismo martes, por lo que se garantiza que el próximo jueves, cuando comienza el curso en las etapas educativas no universitarias, todos los alumnos y alumnas podrán hacer uso del transporte escolar para acudir a los centros.
Este requerimiento, que será de obligado cumplimiento para las operadoras de transporte escolar afectadas, fue anunciado el pasado viernes en una comparecencia urgente en Vitoria-Gasteiz por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, quien justificó la medida para garantizar este servicio público.
El consejero desveló que se habían detectado prácticas "sospechosas" y probablemente "ilícitas" entre algunas de estas empresas para no presentarse a los concursos con el fin de obtener beneficios económicos, por lo que el Departamento de Educación ha remitido toda la información de la que dispone a la Autoridad Vasca de la Competencia y lo hará ante la Fiscalía ante los "indicios de delito" de estas prácticas.
Únicamente el 31 % de las rutas están licitadas, aunque hay notables diferencias entre territorios. En Gipuzkoa prácticamente todas (98 %) están cubiertas, porcentaje que desciende al 5 % en Álava, mientras que en Bizkaia no se ha licitado ninguna.
Las rutas que quedaron desiertas afectan a más de 10 000 personas que podían quedarse sin transporte escolar, según se recoge en la orden.
Así, a partir de este martes, el Gobierno Vasco ordena a las compañías y uniones temporales de empresas que identifica en la orden que presten el servicio de transporte escolar en las rutas que hacían el curso anterior "hasta en el momento en el que pueda comenzar a ejecutarse un nuevo contrato que incluya dichos servicios".
Se les abonará el coste real del servicio, además de un beneficio industrial del 6 % como establece la legislación vigente.
Alegaciones
Las empresas de autobuses que prestan el servicio de transporte escolar ya han anunciado que presentarán alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ante la orden de ejecución forzosa que ha entrado hoy en vigor. Los conductores denuncian esta "imposición" del Gobierno Vasco y aseguran que "llegarán hasta el final" para defendar su derecho a prestar un servicio "con mejores condiciones".
En los últimos años, el problema del transporte escolar se ha puesto sobre la mesa a menudo. Las asociaciones de empresas del sector consideran que las condiciones fijadas por el Gobierno no garantizan la rentabilidad. El curso pasado el transporte escolar de las escuelas públicas también estuvo en la cuerda floja y, en vísperas del inicio de las clases, ambas partes alcanzaron un acuerdo, tras pactar una subida del 24,1 %.
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