España reitera el "carácter único" de euskera, catalán y gallego para su oficialidad en UE

El debate sobre la oficialización del euskera, catalán y gallego en la Unión Europea volverá este miércoles a la mesa del Consejo de Asuntos Generales comunitario con una propuesta española revisada que intentará disipar los miedos a que la potencial aprobación de los tres idiomas cooficiales abra la puerta a una avalancha de solicitudes similares.

La propuesta revisada añade un anexo en el que insiste en que las tres lenguas cumplen unos requisitos específicos que permitirían que su inclusión en el régimen lingüístico comunitario no sentase precedente respecto a otros estados con lenguas minoritarias.

El anexo apunta a factores como que las tres son "originarias de un Estado miembro", cuentan con reconocimiento constitucional en ese Estado miembro y son lenguas de trabajo en el Parlamento nacional de un país de la UE, cambio que en España llegó precisamente a raíz de las negociaciones de investidura tras las elecciones del 23 de julio.

También señalan la existencia de acuerdos administrativos con más de diez años de recorrido para que estas lenguas puedan usarse en varias instituciones de la Unión Europea, el hecho de que los tratados europeos están traducidos a los tres idiomas y que España se haya comprometido a asumir todos los costes "derivados de su utilización en las instituciones de la Unión".

Se trata de argumentos que en los que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, insistió durante las dos reuniones previas del Consejo de Asuntos Generales en las que se ha abordado la propuesta española y en las que no se logró el consenso de los Veintisiete por reticencias sobre el coste y las consecuencias prácticas de esa decisión.

Una fuente diplomática de un estado reticente con la propuesta española dijo que España envió la propuesta a sus socios anoche y sólo en castellano, por lo que sólo hoy han podido acceder a un texto que analizar. Además, añade que la propuesta sigue sin incluir "ningún tipo de análisis de impacto" legal, financiero y práctico.

Por estos dos motivos, no cree que se trate de una propuesta que los ministros puedan "considerar seriamente" en la reunión de este miércoles y opina que el asunto se volvería a tratar en el Consejo de Asuntos Generales de diciembre, el último que dirigirá la presidencia española.