La cúpula fiscal avala rechazar la querella del novio de Ayuso por la filtración de su caso

La Junta de Fiscales de Sala ha avalado la postura de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, de pedir el archivo de la querella que presentó la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, por supuesta revelación de secretos a raíz de un comunicado de prensa emitido el 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid.

Fuentes fiscales han informado de que han adoptado esta decisión tras escuchar a los miembros de la Junta de Fiscales de Sala, que --con mayoría de miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)-- han apoyado la postura de Sánchez Conde frente a la de la fiscal María de la O Silva, que proponía investigar antes de informar al juez a favor o en contra de admitir la querella.

Cabe recordar que la Junta de Fiscales de Sala tiene carácter consultivo y que, una vez escuchada, Sánchez Conde podía ratificarse en su decisión de pedir el archivo o corregirla sin obligación de apegarse al criterio de la mayoría.

La cúpula fiscal estaba dividida por el enfrentamiento entre Sánchez Conde y Silva sobre si había que investigar a la fiscal jefe de Madrid y al fiscal de delitos económicos por supuesta revelación de secretos a raíz del comunicado de prensa relativo a la defensa de Alberto G.A. pareja de Ayuso, por el procedimiento abierto por presunto fraude fiscal y falsedad documental. Finalmente, la teniente fiscal ha mantenido su postura.

Según las fuentes consultadas, el fiscal general se ha abstenido del asunto porque tiene conocimiento de los hechos, por lo no ha estado presente en la reunión de este miércoles. Tampoco han asistido el fiscal José Luis Bueren, que se ha jubilado, y los fiscales Antonio Vercher, Elvira Tejada, Alejandro Luzón y Jesús José Tirado, que han excusado su presencia.

sí las cosas, se han sentado 32 fiscales de Sala en la mesa, de los que 15 son miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación cercana al fiscal general, incluidas la propia Sánchez Conde y dos exjefas del Ministerio Público, Dolores Delgado y María José Segarra.

Otros 8 pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF), incluidos dos de los fiscales del 'procés', Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Y los 9 restantes no están afiliados a ninguna asociación, como el ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix.

La decisión de la cúpula de fiscales llega un día después de que trascendiese que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar unos 525 000 euros por dos delitos fiscales para evitar ir a juicio. El documento está firmado por el abogado Carlos Neira, y en él detalla la pena y la multa que Alberto González estaría dispuesto a aceptar para evitar entrar en prisión.