El Supremo abre causa contra el fiscal general del Estado por difundir información del novio de Ayuso

El Tribunal Supremo ha abierto una causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Se trata de una medida inédita, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público. La decisión se ha adoptado por unanimidad.

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González Amador llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.

La Fiscalía del Supremo se mostró en contra de investigar a García Ortiz, porque según argumentó, la nota informativa recogía información ya publicada por diversos medios de comunicación y que tenía por objetivo desmentir bulos sobre la causa.

La Sala de lo Penal, en cambio, ha estimado la querella de González Amador y las acusaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que al ser García Ortiz aforado se inhibió de la causa. El Supremo ha concluido que, "aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos, pero de la instrucción de causa practicada por el TSJ y en concreto de la declaración del fiscal de Delitos Económicos que llevaba el asunto, Julián Salto, se desprende que horas antes de la nota de prensa los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial".

La Sala explica que las informaciones contenidas en esa nota ya habían sido sacadas a la luz por distintos medios los días 12 y 13 de marzo. El Supremo argumenta que debe investigarse "cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos".

El tribunal también ha declarado su competencia para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota. Aunque no tiene la condición de aforada, el auto explica que ambos comportamientos —el del fiscal general y el de ella— guardan una "conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas".