Varios países de la UE expresan sus "dudas legales" sobre la oficialidad del euskera, catalán y gallego

Incertidumbre en el debate de oficializar el euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea y de permitir su uso en el seno de las instituciones europeas. La iniciativa, promovida por el Gobierno español, debe votarse este martes en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea (UE), aunque varios países miembros, entre ellos Finlandia, Suecia, Austria o Croacia, han expresado sus dudas legales y financieras. 

A priori, el asunto debería abordarse en torno a mediodía. La propuesta ha de ser adoptada por unanimidad, sin ningún voto en contra, y las eventuales abstenciones no suman en contra. 

"Hoy espero que no tengamos que votar porque la cuestión no está madura", ha dicho el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, a su llegada al Consejo.  Según Strand, hay que tomarse "muy seriamente" las "dudas legales" que han expresado oralmente los servicios jurídicos del Consejo de la UE conforme a la adecuación de la cuestión con el artículo 55 del Tratado de Lisboa referente a las lenguas originarias en las que está redactado.

En la misma línea, la ministra sueca de Asuntos de la UE, Jessica Rosencrantz, ha asegurado que "Suecia y varios otros países han mostrado dudas durante este proceso, sobre la evaluación jurídica y sobre la evaluación de los costes".

También la ministra de Austria para Europa, Claudia Plakolm, ha subrayado que "aún hay cuestiones legales y sobre los costes".

Igualmente, la secretaria de Estado para Europa de Croacia, Andreja Metelko-Zgombic, ha pedido esperar a ver cómo se desarrolla el debate. "Realmente vemos y apreciamos los esfuerzos que el Gobierno español está invirtiendo en este tema, que es muy serio y también tiene implicaciones legales, y creo que lo mejor sería que lo estudiáramos muy de cerca", ha apuntado.

"Es la primera vez que se decide algo realmente a nivel de ministros en el Consejo de Asuntos Generales, así que permítanme disfrutar del momento y les responderé después de la reunión", ha señalado, por su parte, el ministro de Asuntos Europeos de Hungría, János Bóka.

Francia y Chipre, más comprensivos

El secretario de Estado para Europa francés, Benjamin Haddad, ha defendido la necesidad del "consenso" y que de que todo se haga respetando los tratados. "Estamos trabajando junto con nuestros amigos españoles y por supuesto respeto la importancia que tiene para ellos", ha manifestado.

Por su lado, la viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, Marilena Raouna, que ha recordado el "apoyo sistemático" de su país a la petición del Gobierno, ha destacado que comprende "la importancia de esta cuestión para España", aunque ha añadido que "también es de suma importancia que todos los Estados miembro estén de acuerdo" y que esta situación "no cree un precedente".

Dinamarca y Eslovenia avanzan que no se opondrán

Por contra, Dinamarca ha adelantado que no se opondrá a la propuesta, ya que según ha argumentado la ministra socialdemócrata de Asuntos Europeos danesa, Marie Bjerre, "es una cuestión muy importante para España". 

También el secretario de Estado de Asuntos Europeos de Eslovenia, Marko Stucin, ha señalado que apoyará la petición si hay una votación aunque ha reconocido que "sigue habiendo dudas, problemas jurídicos, financieros y sensibilidades de algunos Estados miembros por sus lenguas y sus países, así que es muy difícil saberlo".

En las últimas semanas, el Gobierno español ha intensificado los contactos con sus socios europeos para intentar superar las reservas sobre la cuestión de socios europeos como Italia o los estados bálticos.

De aprobarse, las lenguas oficiales pasarían de ser 24 a 27 y, según el reglamento, serían idiomas de uso y de trabajo en todas las instituciones comunitarias.

La ley establece que el coste de su aplicación se financie con el presupuesto de la Unión Europea, aunque el Gobierno español se ha ofrecido a asumirlo todo, lo que supondría una excepción. El Estado español no ha ofrecido cifras concretas del esfuerzo presupuestario que supondría la oficialidad de las tres leguas, aunque Bruselas apuntó en un estudio preliminar en diciembre de 2023 que podría suponer unos 132 millones de euros al año, basándose únicamente en la experiencia del gaélico.

Incertidumbre en el debate de oficializar el euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea y de permitir su uso en el seno de las instituciones europeas. La iniciativa, promovida por el Gobierno español, debe votarse este martes en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea (UE), aunque varios países miembros, entre ellos Finlandia, Suecia, Austria o Croacia, han expresado sus dudas legales y financieras. 

A priori, el asunto debería abordarse en torno a mediodía. La propuesta ha de ser adoptada por unanimidad, sin ningún voto en contra, y las eventuales abstenciones no suman en contra. 

"Hoy espero que no tengamos que votar porque la cuestión no está madura", ha dicho el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, a su llegada al Consejo.  Según Strand, hay que tomarse "muy seriamente" las "dudas legales" que han expresado oralmente los servicios jurídicos del Consejo de la UE conforme a la adecuación de la cuestión con el artículo 55 del Tratado de Lisboa referente a las lenguas originarias en las que está redactado.

En la misma línea, la ministra sueca de Asuntos de la UE, Jessica Rosencrantz, ha asegurado que "Suecia y varios otros países han mostrado dudas durante este proceso, sobre la evaluación jurídica y sobre la evaluación de los costes".

También la ministra de Austria para Europa, Claudia Plakolm, ha subrayado que "aún hay cuestiones legales y sobre los costes".

Igualmente, la secretaria de Estado para Europa de Croacia, Andreja Metelko-Zgombic, ha pedido esperar a ver cómo se desarrolla el debate. "Realmente vemos y apreciamos los esfuerzos que el Gobierno español está invirtiendo en este tema, que es muy serio y también tiene implicaciones legales, y creo que lo mejor sería que lo estudiáramos muy de cerca", ha apuntado.

"Es la primera vez que se decide algo realmente a nivel de ministros en el Consejo de Asuntos Generales, así que permítanme disfrutar del momento y les responderé después de la reunión", ha señalado, por su parte, el ministro de Asuntos Europeos de Hungría, János Bóka.

Francia y Chipre, más comprensivos

El secretario de Estado para Europa francés, Benjamin Haddad, ha defendido la necesidad del "consenso" y que de que todo se haga respetando los tratados. "Estamos trabajando junto con nuestros amigos españoles y por supuesto respeto la importancia que tiene para ellos", ha manifestado.

Por su lado, la viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, Marilena Raouna, que ha recordado el "apoyo sistemático" de su país a la petición del Gobierno, ha destacado que comprende "la importancia de esta cuestión para España", aunque ha añadido que "también es de suma importancia que todos los Estados miembro estén de acuerdo" y que esta situación "no cree un precedente".

Dinamarca y Eslovenia avanzan que no se opondrán

Por contra, Dinamarca ha adelantado que no se opondrá a la propuesta, ya que según ha argumentado la ministra socialdemócrata de Asuntos Europeos danesa, Marie Bjerre, "es una cuestión muy importante para España". 

También el secretario de Estado de Asuntos Europeos de Eslovenia, Marko Stucin, ha señalado que apoyará la petición si hay una votación aunque ha reconocido que "sigue habiendo dudas, problemas jurídicos, financieros y sensibilidades de algunos Estados miembros por sus lenguas y sus países, así que es muy difícil saberlo".

En las últimas semanas, el Gobierno español ha intensificado los contactos con sus socios europeos para intentar superar las reservas sobre la cuestión de socios europeos como Italia o los estados bálticos.

De aprobarse, las lenguas oficiales pasarían de ser 24 a 27 y, según el reglamento, serían idiomas de uso y de trabajo en todas las instituciones comunitarias.

La ley establece que el coste de su aplicación se financie con el presupuesto de la Unión Europea, aunque el Gobierno español se ha ofrecido a asumirlo todo, lo que supondría una excepción. El Estado español no ha ofrecido cifras concretas del esfuerzo presupuestario que supondría la oficialidad de las tres leguas, aunque Bruselas apuntó en un estudio preliminar en diciembre de 2023 que podría suponer unos 132 millones de euros al año, basándose únicamente en la experiencia del gaélico.