El Tribunal Supremo centra ahora la atención en las cuentas bancarias y el correo electrónico de Cerdán
Precisamente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado este viernes en la sede del PSOE para clonar el correo corporativo del ex secretario de Organización del PSOE.
La investigación a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSEO, avanza, y ahora el Tribunal Supremo ha puesto foco en sus cuentas bancarias y su correo electrónico corporativo.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado este viernes en la sede del partido para clonar el correo de Cerdán, ya que ve “consistentes indicios” de que el ex secretario socialista pudo incurrir en delitos de organización criminal y cohecho.
Según el informe policial, Cerdán facilitó dicho correo a Koldo García para que le remitiese “ciertas comunicaciones relevantes”. Estos mensajes hacen referencia a unos datados en verano del 2017, en los que este le preguntaba dónde enviar la documentación para su contratación en el partido (PSOE).
En total, son casi medio centenar de cuentas y productos bancarios los que se están investigando.
Y es que, tras los indicios hallados por la UCO, Cerdán pudo gestionar 620.000 euros en mordidas en favor de Ábalos y Koldo. Por ello, el juez ha atendido a la petición de los investigadores para investigar en sus cuentas, a excepción de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias.
Además, el juez ha pedido a la Audiencia Nacional investigar a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero por su presunta participación para que "las adjudicaciones proyectadas" por Ábalos y Koldo "pudieran llegar a buen término".
Cinco empresarios investigados
La investigación a estos secretarios de Organización del PSOE se extiende ya a cinco empresarios: José Ruz (Levantina), Antonio y Daniel Fernández (OPR), Fernando Agustín Merino (Acciona) y Antxon Alonso (Servinabar 2000).
Al parecer, el juez investiga a los empresarios como "administradores de hecho" de empresas que "habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de estas de concretas obras públicas a cambio de precio" y que "pudieran haber participado en la realización de pagos".
Según el juez, la UCO ha identificado "debidamente" las 11 obras que podrían haber sido adjudicadas irregularmente durante el período de Ábalos en Transportes.
Entre ellas está la licitación del proyecto del Puente del Centenario, en Sevilla (más de 100 millones de euros) y el soterramiento de la red arterial ferroviaria de Murcia (158,8 millones de euros).
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