La Fiscalía se opone a que el Supremo investigue a Bolaños por el 'caso Begoña Gómez'

El fiscal del Tribunal Supremo Fernando Prieto se ha opuesto a que dicho tribunal acepte la petición del juez Juan Carlos Peinado de investigar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presuntos delitos de falso testimonio y malversación en el 'caso Begoña Gómez'.

El informe de Prieto elevado a la Sala de Admisión, debe ahora decidir si sigue la línea marcada por el Ministerio Público o, por contra, accede a la petición de Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. 

Peinado dirigió una exposición razonada al TS pidiendo que investigara a Bolaños al considerar que incurrió en dichos delitos por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.

Según explican las agencias, el fiscal sostiene que Peinado no justifica con datos objetivos que Álvarez haya realizado actividades privadas ajenas a la función pública, ni ha explicado, en el caso de que así fuera, por qué Bolaños sería responsable de ello.

En este sentido, Fiscalía le reprocha que no haya aportado un mínimo principio de prueba de que Álvarez se extralimitara en las funciones asignadas a su puesto de trabajo.

De la misma forma, le afea que no haya argumentado objetivamente que Bolaños conociera las supuestas actividades privadas de Gómez en las que participaría Álvarez, más allá de lo que califica como proclamas sobre un supuesto conocimiento público y notorio de las mismas.

Para la Fiscalía, el instructor tampoco ha fundamentado la supuesta dependencia orgánica y funcional de la asesora respecto a Bolaños, en la que Peinado apoya la supuesta responsabilidad de este último.

Por último, el fiscal sostiene que Peinado no ha motivado que Bolaños controlara en modo alguno los caudales públicos que se dicen malversados, en concreto, en la gestión presupuestaria. 

Peinado acudió a la Sala de lo Penal del Supremo, la única competente para decidir sobre la apertura de una investigación contra un miembro del Gobierno, alegando que hay "indicios razonables, sólidos y cualificados" contra Bolaños.

Basaba el delito de falso testimonio en las contradicciones que apreció entre las declaraciones como testigos de Bolaños y el responsable de personal de Moncloa Raúl Díaz.

En cuanto a la malversación, razonó que Bolaños era el responsable de velar por los fondos públicos con los que se pagó a Álvarez para que asistiera a Gómez no solo en su faceta de mujer del presidente del Gobierno sino también en sus actividades privadas.