POLÉMICA
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Las pulseras telemáticas confrontan a PP y Gobierno español

El año pasado, al cambiar la empresa que gestiona las pulseras, se produjeron fallos informáticos que provocaron que durante un periodo limitado de tiempo se perdiera información sobre la localización de los agresores.
(Foto de ARCHIVO)

Una persona le coloca a otra una pulsera electrónica de geolocalización telemática durante la presentación del informe sobre la Estrategia Nacional Penitenciaria, en el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe), a 17 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). La unidad de seguimiento se trata de una medida del Plan Piloto para reducir la adopción de medidas cautelares restrictivas de libertad a través de alternativas de carácter tecnológico.



David Zorrakino / Europa Press

17 ENERO 2024;PENITENCIARIO;ESTRATEGIA;JUSTICIA;CRIMEN

17/1/2024
Una persona se coloca una pulsera telemática. Foto de archivo: Europa Press

Errores producidos en pulseras telemáticas para maltratadores, gestionadas por el Ministerio de Igualdad y operadas por empresas privadas adjudicatarias, han generado polémica en la política española en los últimos días.

La memoria anual del fiscal general recoge que, el año pasado, al cambiar la empresa que gestiona las pulseras, se produjeron fallos informáticos que provocaron que durante un periodo limitado de tiempo se perdiera información sobre la localización de los agresores.

En este contexto, el PP ha anunciado que llevará el asunto a la Comisión Europea, y acusa al Gobierno español de haber desamparado a las víctimas de la violencia machista.

El secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha denunciado que el Ministerio de Igualdad compró las pulseras en la empresa china Aliexpress y ha pedido la dimisión inmediata de la ministra de igualdad.

Desde el Gobierno español, sin embargo, han defendido que el error informático no puso en peligro a las mujeres.

Este error surgió cuando el Ministerio de Igualdad cambió, el año pasado, la empresa que gestionaba los datos de las pulseras para las órdenes de alejamiento. Cuando se produjo la migración de datos de una compañía a otra, la nueva empresa no recogió correctamente los datos, por lo que los jueces no tuvieron la oportunidad de ver si los agresores infringían la orden de alejamiento.

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