El Congreso admite a trámite la ley de EH Bildu para prohibir la publicidad de pisos turísticos ilegales

El Pleno del Congreso ha aprobado la admisión a trámite de la proposición de ley de EH Bildu para prohibir a las plataformas digitales publicitar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de licencia o registro.

La admisión a trámite ha conseguido prosperar gracias al apoyo de PSOE, Sumar, Junts, ERC, Podemos, PNV, BNG, Coalición Canaria, el exministro socialista integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos; y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. De su lado, PP, Vox y UPN han votado en contra.

Una vez superado este trámite, la ley entrará en el cauce parlamentario y se abrirá el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas al texto, algo que puede dilatarse durante varias semanas.

Esta es la segunda vez que un socio a la izquierda del PSOE consigue que prospere una propuesta legislativa en materia de vivienda. La vez anterior fue en diciembre con la reforma para regular los alquileres de temporada y de habitaciones, una propuesta que rubricaron Sumar, ERC, Bildu, BNG y Podemos y que sigue encallada en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja esperando a que se convoque la ponencia encargada de su análisis.

La propuesta legislativa establece un régimen de multas y también la responsabilidad legal sobre las empresas y plataformas de evitar la proliferación de alojamientos ilegales para su alquiler

Es decir, aunque las comunidades y los ayuntamientos seguirán estableciendo sus normativas y condiciones sobre los pisos turísticos y sus arrendadores, las plataformas digitales también serán legalmente responsables de que los alojamientos anunciados cuenten con registro o licencia válida, de acuerdo con la normativa autonómica o municipal correspondiente.

Según esgrime la propuesta, en la actualidad los anuncios irregulares sólo se retiraban tras "complejos procesos judiciales" o mediante peticiones voluntarias a estas empresas, dejándolo a voluntad de las mismas. Sin embargo, la ley establece que esos alojamientos ya no podrán anunciarse si no cumplen con los requisitos legales.

De su lado, el texto regula multas que van desde los 10.000 euros hasta el millón de euros. Este último caso sucedería si se permite la contratación de una vivienda de uso turístico que carezca de licencia o número de registro, o de permiso de habitabilidad y salubridad. También si se permite la contratación del alojamiento sin vincularlo a los datos personales del anfitrión.