El juez mantiene en libertad al exministro José Luis Ábalos
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado este miércoles mantener en libertad al exministro José Luis Ábalos, han informado a EFE fuentes jurdídicas.
Puente ha dictado un auto en el que no atiende la petición de las acusaciones populares de prisión provisional o subsidiaria con fianza de 650.000 euros, una solicitud a la que no se ha sumado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, después de que Ábalos se haya acogido a su derecho a no declarar ante el juez.
De este modo y pese al último informe de la UCO, Ábalos ha salido cinco horas después del tribunal por la misma puerta y con las medias cautelares que ya pesaban sobre él, estas son, prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales.
Dice el juez en su auto que "no es ajeno al natural estupor que produce que una persona sobre la que gravitan tan consistentes indicios" de delito, "estrechamente relacionados con el viciado ejercicio de la función pública", pueda seguir siendo diputado. "Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión", añade.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que el exministro, por vez primera en sus cuatro declaraciones en el alto tribunal, ha optado por acogerse a su derecho a no declarar y no dar explicaciones por el informe que sembró sospechas en gastos de 95.437 euros.
El exministro ha guardado silencio porque considera que está indefenso una vez que el juez le ha obligado a comparecer con su abogado, pese a haber renunciado hace dos días a sus servicios por "diferencias irreconducibles" entre ambos, explican las fuentes.
El juez ha llamado al exministro por cuarta ocasión a declarar, esta vez tras el informe de la UCO que detectó gastos de 95.437 euros que provendrían de "ingresos no declarados", así como pagos en efectivo del PSOE que no cuadran con la documentación que este partido remitió al Tribunal Supremo.
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El exministro, por vez primera en sus cuatro declaraciones en el alto tribunal, ha optado por acogerse a su derecho a no declarar y no dar explicaciones por el informe que sembró sospechas en gastos de 95 437 euros, así como descuadres en algunos pagos en efectivo que le hizo el PSOE.
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