La Fiscalía no pide prisión para Ábalos tras negarse a declarar ante el juez del Supremo
El exministro, por vez primera en sus cuatro declaraciones en el alto tribunal, ha optado por acogerse a su derecho a no declarar y no dar explicaciones por el informe que sembró sospechas en gastos de 95 437 euros, así como descuadres en algunos pagos en efectivo que le hizo el PSOE.
La Fiscalía no ha pedido prisión provisional para el exministro José Luis Ábalos después de que este miércoles se haya acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que el exministro, por vez primera en sus cuatro declaraciones en el alto tribunal, ha optado por acogerse a su derecho a no declarar y no dar explicaciones por el informe que sembró sospechas en gastos de 95.437 euros.
El exministro ha guardado silencio porque considera que está indefenso una vez que el juez le ha obligado a comparecer con su abogado, pese a haber renunciado hace dos días a sus servicios por "diferencias irreconducibles" entre ambos, explican las fuentes.
Y en la vistilla que se ha celebrado a continuación para revisar sus medidas cautelares, la acusación popular, cuya representación letrada ejerce el PP, ha pedido el ingreso en prisión, una petición que, sin embargo, no ha apoyado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Según las fuentes, la Fiscalía ha destacado que se han reforzado los indicios contra él tras el último informe de la UCO pero ha precisado que no han variado las circunstancias que determinan prisión, por lo que ha pedido que se mantengan las medias cautelares que ya pesan sobre él, estas son prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales.
Ahora, el juez tiene que dictar un auto en el que decida si mantiene las cautelares o las endurece a partir de la petición de la acusación popular, que ha instado al ingreso en prisión como ya hiciera en la última declaración del pasado 23 de junio.
El juez ha llamado al exministro por cuarta ocasión a declarar, esta vez tras el informe de la UCO que detectó gastos de 95.437 euros que provendrían de "ingresos no declarados", así como pagos en efectivo del PSOE que no cuadran con la documentación que este partido remitió al Tribunal Supremo.
El también exdirigente socialista está investigado por presuntas comisiones en adjudicaciones de contratos de mascarillas en plena pandemia y, en otra rama del caso que también afecta a su sucesor en el partido, Santos Cerdán, por supuestas mordidas en contrataciones de obra pública cuando él estaba al frente del Ministerio de Transportes.
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