La Fiscalía francesa pide una pena de cinco años exentos de cumplimiento para Josu Urrutikoetxea

La Fiscalía francesa ha pedido una pena de cinco años de cárcel, exentos de cumplimiento, y su expulsión definitiva del estado francés para Josu Urrutikoetxea en el juicio que se está llevando a cabo estos días en el Tribunal de Apelación de París, el último que tiene pendiente en Francia.

Urrutikoetxea está siendo juzgado estos días por su implicación con ETA entre diciembre de 2002 y mayo de 2005. Los principales elementos en su contra son las pruebas de su paso por dos pisos francos de ETA, en Lourdes y en Villeneuve-sur-Lot, en los que vivieron Peio Eskisabel y José Manuel Ugartemendía, que fueron detenidos a finales de abril de 2005.

El juicio ha quedado visto para sentencia y el veredicto se hará público el 2 de julio.

En esta última jornada, la representante del Ministerio Fiscal ha insistido en que no hay que ver a Urrutikoetxea como "un negociador de paz", que es lo que ha pedido la defensa. En opinión de la fiscal, si "participó en las negociaciones" es porque estaba "implicado en una organización con la que estaba en total adhesión con su modo de acción, con los atentados".

También ha recordado que el acusado fue condenado en Francia a diez años de cárcel por terrorismo, tras su detención en Baiona en enero de 1989 con una pistola y una granada, y que la justicia española lo reclama para juzgarlo por su implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1989, en la que fueron asesinadas once personas, incluidos cinco niños. 

Sin embargo, ha reconocido que "el tribunal debe relativizar su responsabilidad" teniendo en cuenta los elementos que se le reprochan en este sumario, y que desde que ocurrieron no ha vuelto a estar vinculado a hechos terroristas, lo que justificaría que no ingrese en prisión.

Por su parte, Urrutikoetxea ha afirmado que su papel era “buscar una vía de negociación”, aunque ha reconocido que “era un militante y tenía mi responsabilidad”. Ha lamentado “no haber conseguido una negociación bilateral que pudiera haber solucionado las consecuencias del conflicto” y ha reprochado al Gobierno español que no reconozca “su responsabilidad en las torturas y con el derecho internacional”.

Según sus palabras, durante su trayectoria ha seguido uno de los principios de la Declaración de Derechos Humanos y del Ciudadano de la Revolución francesa, que dice que “cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes". “Desgraciadamente, en nuestro caso utilizamos todos los medios (...) y eso tuvo consecuencias irreversibles que causaron dolor y sufrimiento", ha añadido.

En los alegatos finales, su defensa no ha reclamado la absolución, pero se ha esforzado en pedir que no se le expulse del estado francés, ya que vive en Ipar Euskal Herria, cerca de su hija de 13 años y la madre de ésta, a las que visita regularmente.