Lo que queda en el aire: los presupuestos de 2027, transferencias pendientes y varias leyes

El adelanto electoral anunciado para el 29 de noviembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deja en el aire multitud de normas planteadas por el gobierno de coalición, algunas de ellas ya en tramitación parlamentaria y que decaerán por la disolución de las Cortes. La convocatoria también da al traste con la intención del ejecutivo de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, que se encontraban bajo elaboración. 

De cara al Gobierno Vasco y a la negociación de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, el adelanto de los comicios llega con las relaciones entre ambos gobiernos muy enfriadas, con la reunión de la Comisión Bilateral atrasada desde julio y con dos “patatas calientes” sin resolver: el régimen económico de la Seguridad Social y los puertos de Bilbao y Pasaia.

Primera legislatura sin presupuestos

Esta legislatura llega a su fin sin que se haya llegado a cumplir ni una sola vez la obligación constitucional de presentar cada año un proyecto de presupuestos, lo que ha obligado a mantener en vigor las cuentas de 2023 con tres prórrogas y numerosas modificaciones para intentar adaptarlas a una situación económica muy distinta.

Leyes y decretos pendientes

Los dos decretos de vivienda que la mayoría del Congreso tumbó el viernes han precipitado el adelanto electoral, y aunque el ejecutivo ha anunciado que prevé volver a aprobarlos este martes, no es seguro que la Diputación Permanente, órgano sustituto del Congreso en estas situaciones, pueda salvar ambos. Es verdad que a diferencia de la cámara baja, los votos de Junts son irrelevantes, pero si el PNV mantuviera su voto respecto al segundo decreto, éste no saldría adelante.

En este mismo ámbito, decaerán la proposición de ley de EH Bildu para controlar y regular la publicidad de los pisos turísticos ilegales y la presentada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG para regular los contratos de alquiler temporales y de habitaciones.

En el plano laboral, está por ver si se podrá realizar una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) antes de las elecciones, ya que puede aprobarse vía real decreto. Lo normal sería que fuera el próximo ejecutivo salido de las urnas el que se encargara de tomar una decisión respecto al SMI de 2027. Lo que sí decaerá es el proyecto de Ley del Estatuto del Becario, actualmente en tramitación parlamentaria.

Normas de gran calado social no saldrán adelante como la Ley de Violencia Vicaria, que tipificaba como agravante de género este tipo de violencia y preveía la privación automática de la patria potestad de los padres condenados, entre otros. Igualmente, no verá la luz La Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres humanos, pendiente de aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. Asimismo, la reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el aborto, que se encuentra en tramitación parlamentaria, tampoco saldrá adelante.

Tampoco lo hará la Ley de Familias, varada en el Congreso y, además, la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) provocará que no se pueda adoptar la prestación universal por crianza. En la misma situación queda la pretendida la Ley de Juventud, de la que Rego aseguró que ya estaba negociando el borrador con el PSOE y en la que quería incluir el voto a partir de los 16 años. El proyecto de ley que quería restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales tampoco verá la luz.

Otro proyecto de ley en suspenso es la reforma de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que regula las imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA) o 'deepfakes' sin autorización y los denominados 'true crimes', o la que prevé la creación del registro estatal de medios.

En materia de Extranjería, no verá la nueva Ley de Asilo y la reforma de la Ley de Extranjería, dos anteproyectos aprobados por el Consejo de Ministros en primera vuelta para adaptarse al Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Además de leyes, varias comisiones de investigación del Congreso han quedado en agua de borrajas. Se trata de las comisiones sobre la gestión de la dana de Valencia, las conocidas como 'cloacas' del Estado y el espionaje a con el programa 'Pegasus', los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Cataluña y la del apagón de abril de 2025.

Traspasos sin realizar

La legislatura que hoy ha llegado a su fin comenzó con el pacto por escrito del presidente Sánchez de culminar las transferencias pendientes a Euskadi para finales de 2025. El 2026 comenzó con cinco nuevos traspasos, a los que siguió en marzo  un pacto para la gestión bilateral de los aeropuertos. Las últimas transferencias en materializarse fueron, en junio, las de los seguros agrarios y centros de exámenes psicotécnicos para conducir. 

Sin embargo, la negociación entre los dos gobiernos encalló en verano, y Sánchez y Pradales acordaron posponer la reunión de la Comisión Bilateral para después del periodo vacacional. No se ha celebrado. Aún quedan por transferir una docena de transferencias, entre ellas, dos cuestiones peliagudas: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y los puertos de Bilbao y Pasaia.