La Ley de Derecho a la Vivienda ayudará a familias con menores y a jóvenes

La Ley foral de reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda garantizará, "de forma innovadora a través de la política fiscal", una prestación mensual para la emancipación de la juventud y otra para familias con menores, con un tope de renta, entre otras medidas que contempla.

Así se ha puesto este martes de manifiesto en la presentación del proyecto de Ley, apoyado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, y explicado en conferencia de prensa por el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra.

La aprobación de la Ley hará de Navarra una de las pocas comunidades autónomas que contemplarían el denominado "derecho subjetivo a la vivienda", que supone el derecho a una vivienda digna y adecuada para cualquier ciudadano navarro que cumpla con los requisitos, y al que se le otorga el rango de un derecho fundamental, exigible por sí mismo.

Así, dado que el parque público de vivienda en alquiler es insuficiente para satisfacer hoy la necesidad estimada de vivienda, el texto establece en su lugar, y de forma subsidiaria, una prestación económica garantizada, que se configura como un impuesto sobre la renta negativo mediante una deducción en la cuota diferencial.

Esa prestación tendrá dos modalidades, la primera, el programa denominado "EmanZipa", es una prestación garantizada dirigida a jóvenes de entre 23 y 30 años y con una duración máxima de tres años, no necesariamente de manera ininterrumpida.

La cuantía de la ayuda será de un 50 % de la renta de alquiler mensual de la vivienda, con un máximo de 250 euros mensuales, y siempre que la renta de la vivienda no supere los 650 euros mensuales. Tendrán derecho a ella los jóvenes que no superen ingresos de 20.000 euros, o 30.000 en hogares de 2 o más personas.

Una vez concedida, el pago se realizará de manera trimestral y tras aportar los justificantes bancarios de pago. La prestación se renovará anualmente siempre que se sigan cumpliendo con los requisitos.

El segundo programa se denomina "DaVId" y es para familias con ingresos inferiores a una determinada cantidad, en función del número de miembros. La ayuda podrá ser de 300, 250 o 200 euros al mes en función de la renta disponible, y nunca superior al 50 % del precio del alquiler.

Para tener derecho se deberá estar inscrito en el censo de solicitantes de vivienda protegida con al menos un año de antigüedad a 1 de enero de cada año, y al igual que en el otro programa, la renta del alquiler de la vivienda no podrá superar los 650 euros al mes. El pago se realizará en este caso de manera mensual tras aportar los justificantes bancarios de pago, y se renovará anualmente, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos.

Para la puesta en marcha del derecho subjetivo a la vivienda, se contempla un calendario gradual del reconocimiento del derecho, en función de la suficiente dotación de los recursos económicos, materiales y organizativos necesarios, si bien la intención es que la ley sea aprobada para que el reconocimiento del derecho subjetivo sea efectivo desde el día 1 de enero de 2019, de un modo muy amplio.