El Supremo anula definitivamente la ordenanza de pisos turísticos de San Sebastián
El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián contra la sentencia que anuló el procedimiento de regulación de los pisos turísticos de la capital guipuzcoana.
Fuentes de la Asociación Anfitriones Basque Country Hosts, que promovió la actuación contra la ordenanza de pisos turísticos, y del Ayuntamiento donostiarra han confirmado que el Tribunal Supremo dictó una providencia el pasado mes de enero en la que decidió no admitir el recurso de casación del Ayuntamiento.
De esta manera, la regulación actual de pisos turísticos de la capital queda suspendida, ya que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló, en enero de 2020, el procedimiento que el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián había utilizado para aprobarla.
En concreto, el TSJPV anuló parte del artículo 8.4 del Plan General de Donostia-San Sebastián, una disposición que el Ayuntamiento de la ciudad utilizó para regular los pisos turísticos a través de una ordenanza.
El TSJPV no entró en el contendido de la regulación, sino que indicó que el procedimiento utilizado no era válido, lo que implicaba que decayera la propia ordenanza, que ha seguido vigente porque la sentencia no era firme.
El Ayuntamiento decidió el año pasado solventar la cuestión mediante varias vías, la primera de ellas recurrir el fallo en casación al Tribunal Supremo, que ha resultado infructuosa, y la segunda incluir la regulación de las viviendas turísticas en la modificación del plan general, que el Consistorio espera aprobar en marzo.
El Consistorio ha explicado que no se ha cuestionado el contenido de la ordenanza, sino la forma y que "ha actuado en consecuencia a lo solicitado por la sentencia del TSJPV y ha impulsado la tramitación necesaria para dotar el rango jurídico superior necesario", al incorporar la regulación de los pisos turísticos directamente en el plan general.
El grupo municipal de EH Bildu, que ha sido el que ha desvelado el sentido de la providencia del Supremo, ha destacado que la ordenanza es ya "nula de pleno derecho", por lo que muchas viviendas turísticas que se amparaban en ella dejan de ser legales.
La coalición advierte de que "lleva desde el principio avisando de que esto podía pasar, porque una ordenanza no podía entrar a regular usos urbanísticos, porque eso es competencia exclusiva del plan general de ordenación urbana (PGOU)".
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