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La nueva Ley de Vivienda prohibirá la venta de vivienda protegida al sector privado

El PP recurrirá la norma al Tribunal Constitucional. Además, el líder de la oposición ha anunciado que no se aplicará en las comunidades autónomas donde gobierna. La Comunidad Autónoma Vasca cuenta con una Ley de Vivienda desde 2015.
El escaparate de una inmobiliaria
El escaparate de una inmobiliaria. Foto de archivo: EFE

La futura Ley de Vivienda prohibirá la venta de vivienda pública al sector privado (incluidos los fondos de inversión) en todo el Estado, para lo cual se establecerá un régimen de protección permanente que excluirá su recalificación. Sin embargo, algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP como Andalucía y la Comunidad de Madrid ya han adelantado que no aplicarán la norma. El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que recurrirá el articulado al Tribunal Constitucional. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su parte, ha pedido a Pablo Casado que espere a leer la nueva ley.

Las viviendas del sector público estarán bajo un régimen de protección permanente que excluirá su recalificación, salvo que exista "causa justificada debidamente motivada para su descalificación o para el establecimiento de un plazo de calificación con la fijación del número de años de esta, que como mínimo deberá ser de 30 años".

Es uno los puntos clave para dichas fuentes en la nueva Ley de Vivienda, cuya negociación consiguieron cerrar este martes PSOE y Unidas Podemos.

La nueva Ley de Vivienda también contempla destinar un 30 % de las promociones a vivienda protegida y de ahí la mitad, el 15 %, a alquiler social. Además, los grandes propietarios, aquellos que tengan más de 10 propiedades deberán reducir, por ley, los importes de los alquileres teniendo en cuenta índices de referencia en zonas tensionadas.

De momento, no hay fecha prevista para aprobar la ley en el Consejo de Ministros. Una vez formalizado el anteproyecto, se remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

La Comunidad Autónoma Vasca cuenta con una Ley de Vivienda desde 2015 y el Gobierno Vasco esperará a la letra pequeña antes de realizar una valoración.

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