El subsidio por desempleo sube a partir de hoy a 570 euros y será compatible con un empleo
Hoy, 1 de noviembre, ha entrado en vigor la reforma del subsidio por desempleo firmada entre el Ministerio de Trabajo y CC. OO. y UGT y aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo. Con ella España da cumplimiento a uno de los hitos asociados al cuarto pago de los fondos europeos, según confirmaron fuentes del ejecutivo de Pedro Sánchez.
Contempla un aumento por tramos de la cuantía de esta ayuda, actualmente de 480 euros al mes; amplía el colectivo de beneficiarios, y permitirá compatibilizar con un salario tanto el subsidio como la prestación contributiva de desempleo, entre otras medidas.
Incorpora, además, algunas novedades respecto a la que tumbó en enero el Congreso con los votos de PP, Vox y Podemos, como las referidas a la compatibilidad de las ayudas por desempleo con un puesto de trabajo.
En el caso del subsidio, cuya duración máxima seguirá siendo de 30 meses, la compatibilidad será por un periodo tope de 180 días por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial, sin reducción de la cuantía.
En el caso de la prestación contributiva, si no hay cambios de última hora en el texto de la norma, se podrá compatibilizar con un empleo tras un año cobrando prestación siempre que el salario no supere el 225 % del Iprem (1350 euros al mes con el Iprem actual).
Esta medida, que no estaba recogida en la anterior reforma y que en principio operaría a partir de 2025, persigue evitar que el paro "se enquiste", pues a partir del año es cuando empiezan a existir "grandes problemas de inserción".
La reforma, que no fue firmada por la CEOE y Cepyme, mejora las cuantías de los subsidios durante los 12 primeros meses de percepción, estableciendo tres tramos: el subsidio será del 95 % del Iprem durante los primeros seis meses de cobro (570 euros mensuales con el Iprem actual); del 90 % durante los siguientes seis meses (540 euros) y del actual 80 % durante el resto de la duración de la prestación (480 euros).
Al subsidio podrán acceder ahora personas víctimas de violencia de género o sexual desde los 16 años, así como emigrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores eventuales agrarios de todo el Estado (unos 200 000, según cálculos sindicales).
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