¿Afectará en Euskadi la decisión de Hacienda de que el SMI tribute en el IRPF?

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha subido hasta los 1184 euros brutos al mes en 14 pagas o 16 576 euros brutos al año (+4,4 %), según aprobó ayer martes el Gobierno español en el consejo de ministros. La subida, acordada por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos pero no la patronal, ha quedado deslucida al comunicarse que, por primera vez, no estará exenta de tributar. Así, en adelante las personas perceptoras del salario mínimo en el Estado español deberán presentar la declaración de la renta, con algunas excepciones. La decisión ha generado posiciones encontradas en el seno del Gobierno de coalición, y Sumar ya ha presentado una proposición de ley para mantener la exención.

Cabe recordar que Euskadi cuenta con un sistema fiscal propio, ¿afectará este cambio a los contribuyentes de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa? Según la normativa vigente, las personas contribuyentes de los tres territorios que cobran el SMI ya están obligadas, desde el año pasado (cuando el salario mínimo ascendió hasta los 15 876 euros), a presentar la declaración de la renta, ya que la exención fiscal se aplica en rendimientos brutos del trabajo de 14 000 euros o menos al año (20 000 euros si se trata de dos contribuyentes).

La situación cambiaría, no obstante, si finalmente se aprueba la revisión fiscal promulgada por PNV y PSE-EE, quienes proponen que ese mínimo suba hasta los 19 000 euros brutos al año. La aprobación, sin embargo, depende del juego de mayorías. En Bizkaia, donde jeltzales y socialistas cuentan con mayoría suficiente, no se esperan trabas; en Gipuzkoa y Álava, la situación es más compleja. En estos territorios, los gobiernos forales necesitarán el apoyo de al menos un partido de la oposición para sacar adelante el proyecto, lo que abre un periodo de negociaciones clave para asegurar su aprobación.

Marejada en el Estado español

En cualquier caso, el contexto vasco está lejos del choque de trenes que se visualizó ayer entre los socios de gobierno, pero también en el resto de partidos de la oposición. En una tensa rueda de prensa tras el consejo de ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se quejó de haberse enterado de la decisión de Hacienda por los medios de comunicación y sostuvo que "la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo".

Frente a ello, la portavoz Pilar Alegría ha defendido que la recaudación "va en beneficio de mejorar las políticas públicas y los servicios públicos" de la ciudadanía  "hacemos uso". Además, ha asegurado que muchos de los perceptores del salario mínimo seguirán sin tributar en función de su situación personal.

Poco después, el PP, Podemos pero también Sumar han presentado sendas proposiciones de ley para garantizar que las personas que perciben el salario mínimo interprofesional sigan exentas de tributar en el IRPF.

EH Bildu ha anunciado que apoyará el mantenimiento de la exención como hasta ahora y el PNV se ha mostrado a favor "de intentar ayudar a aquellas personas que están en peor situación", aunque ha dicho entender también los argumentos de Hacienda en un debate que cree que aún no está cerrado dentro del Ejecutivo.