PNV y EH Bildu permiten la tramitación de sus propuestas para blindar el euskera en las OPE

El PNV y EH Bildu han permitido este jueves que las proposiciones de ley de ambos para blindar el euskera en las OPE puedan pasar a tramitación. 

El Parlamento Vasco tramitará dos proposiciones de ley con diferentes propuestas para blindar el euskera en las OPE, una del PNV que no comparte su socio de Gobierno, el PSE, pero que ha sido apoyada por EH Bildu, y otra de la coalición soberanista que también ha salido adelante gracias a la abstención de los nacionalistas. 

En primer lugar EH Bildu ha hecho posible con su apoyo que siga adelante la tramitación de la proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Empleo Público y que sea cada administración pública la que decida el nivel de exigencia de euskera en sus respectivas ofertas públicas de empleo con el fin de evitar recursos ante los tribunales.

Han presentado en solitario, sin la firma de su socio de gobierno, esta propuesta legal, que como era de esperar ha sido rechazada por los socialistas vascos.

Así, el PNV ha logrado que se tome en consideración esta proposición de ley gracias al respaldo de la coalición abertzale. PP y Vox han votado en contra de la propuesta, mientras que el único parlamentario de Sumar se ha abstenido.

Con esta reforma legal se quiere blindar el euskera en las ofertas públicas de empleo como respuesta a las sentencias que en los últimos meses han cuestionado la exigencia de esta lengua en estos procesos de selección.

Tras esta votación se ha debatido la iniciativa de EH Bildu cuyo objetivo es modificar la Ley de Empleo Público para dar "seguridad jurídica" a la exigencia de los perfiles lingüísticos de euskera en las instituciones vascas.

La toma en consideración solo ha contado con el apoyo afirmativo de la coalición soberanista, pero la abstención del PNV ha hecho posible que haya sido aprobada. El parlamentario nacionalista Markel Olano ha justificado la abstención para que se abra el debate. El resto de los grupos ha votado en contra.

En esta iniciativa EH Bildu propone que la Ley de Empleo Público recoja como "criterio general" en los procesos selectivos "la exigencia de acreditar un conocimiento adecuado del euskera y del castellano, tanto oral como escrito, en función de las tareas propias de cada plaza".

Se permitiría no aplicar o aplazar esta "regla general en determinadas plazas, atendiendo a las circunstancias sociolingüísticas del ámbito geográfico correspondiente o a los criterios definidos en sus instrumentos de planificación lingüística".

Así, contempla incluir un "índice de exención" es decir, un porcentaje máximo de plazas para las que no se exija el conocimiento del euskera en el acceso, aunque sí se valoraría como mérito.

Ambas iniciativas seguirán su recorrido parlamentario en una misma ponencia, según han confirmado a agencias fuentes de la Cámara. 

En el debate de las primera de las dos propuestas, Markel Olano (PNV) ha defendido que esta modificación quiere acabar con la "incertidumbre" generada por esta sentencias y por la interpretación que en ellas se hace del índice común actual a todas las administraciones para fijar plazas con fechas de perceptividad para la acreditación del euskera.

Por ello, ha insistido en que debe ser cada institución la que fije su propia planificación y ha dejado claro que no rechazan los índices de obligado cumplimiento, sino que debe ser cada administración la que los decida con criterios de proporcionalidad.

El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano ha considerado que lo lógico hubiese sido presentar una iniciativa conjunta con el PNV, en lugar de dos propuestas legales, en referencia a la que ha registrado EH Bildu.

Ha criticado la postura del PSE-EE al asegurar que es distinta a la que tiene este partido en Cataluña, Baleares y Valencia, e idéntica a la que tienen en esas autonomías PP y Vox, al tiempo que ha dejado claro que a lo largo de la tramitación espera que se logren acuerdos también con socialistas y Sumar.

"No es un debate entre abertzales y no abertzales, sino entre los demócratas y los que tienen un problema con los derechos para todas las personas", ha indicado.

Reacciones del resto de partidos

El socialista Pau Blasi ha asegurado que la iniciativa elimina los índices de obligado cumplimiento, no supone seguridad jurídica, y genera "más inestabilidad y más dudas". "Por este camino vamos mal. Había otras fórmulas y mecanismos, pero el PNV ha preferido salir rápido y mal para que EH Bildu no se le adelantase", ha lamentado.

Ha insistido en que si sale adelante la reforma legal puede conllevar más recursos y en que "se han roto consensos y se ha colocado a la administración en un estado de debilidad", por lo que ha pedido al PNV que "sea sensato" y "no abra melones que después no se puedan cerrar".

Por su parte, el representante del PP Santiago López ha asegurado que la futura modificación legal es la "culminación de una política lingüística impuesta" y "totalmente alejada de la realidad".

"Destruyeron la educación, la sanidad, la industria, el empleo y ahora también quieren destruir la administración. Buscan sacar el castellano de la administración", ha acusado.

Jon Hernández (Sumar) también ha opinado que la propuesta del PNV deroga los índices de obligado cumplimiento para sustituirlos por la "desregulada voluntad de cada administración".

Por último, Amaia Martínez (Vox) ha opinado que "difícilmente" se va a convertir la política lingüística en "un asunto pacífico cuando la propuesta nace dividida entre los socios de gobierno".