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El Gobierno Vasco frena la ILP sobre un SMI propio que decaerá en el Parlamento

El Gobierno Vasco se ha opuesto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de varios sindicatos y avalada por casi 140.000 firmas para que Euskadi tenga las competencias necesarias para fijar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio, por lo que esta propuesta decaerá y no se tramitará en el Parlamento Vasco.

El Gobierno Vasco se ha opuesto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de varios sindicatos y avalada por casi 140.000 firmas para que Euskadi tenga las competencias necesarias para fijar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio, por lo que esta propuesta decaerá y no se tramitará en el Parlamento Vasco.

La ILP fue registrada en el Parlamento Vasco el 21 de agosto por los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde y en ella plantean una reforma del Estatuto de los Trabajadores para que las comunidades autónomas puedan regular un SMI ya que actualmente la competencia es estatal.

El Ejecutivo vasco no comparte el contenido de esta ILP, aunque está a favor de que se negocie un salario de convenio entre la patronal y los sindicatos, y este martes el Consejo de Gobierno ha expresado su criterio desfavorable a la misma, por lo que la iniciativa, cuya toma en consideración se votará en un próximo pleno del Parlamento, será previsiblemente rechazada con los votos mayoritarios de ambos partidos y no continuará con su tramitación en la Cámara.

Ocurrirá lo mismo que lo que sucedió con la ILP impulsada por los pensionistas para la equiparación de las pensiones mínimas al SMI, que también decayó después de que el Gobierno Vasco emitiera su criterio desfavorable y de que el PNV y el PSE votaran en contra de su tramitación parlamentaria.

La propuesta del SMI vasco "exige un proceso profundo de concertación social y política", en palabras de Torres
18:00 - 20:00

El Gobierno Vasco rechaza la ILP porque invade competencias estatales

El consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha explicado que la postura del Ejecutivo se sustenta, en primer lugar, en razones jurídico-constitucionales, dado que "desde el punto de vista legal, la fijación de un Salario Mínimo Interprofesional es una competencia exclusiva del Estado".

Por otra parte, ha subrayado que a la hora de abordar este tipo de cuestiones, "la mejor fórmula es siempre la negociación colectiva", por lo que ha reiterado su llamamiento al "diálogo, la negociación y el consenso".

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