Con la declaración de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, las tres capitales de la CAV son ya zonas tensionadas para el alquiler de vivienda
La resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana incluye también a Astigarraga y Usurbil. Con la publicación en el BOE de la declaración desde este viernes todos los nuevos contratos de alquiler de vivienda en estas cuatro localidades deberán estar referenciados al precio del contrato anterior, lo que evitará incrementos desproporcionados. También puede producir una menor rotación.
Las tres capitales de la CAV son ya zonas de mercado tensionado para el alquiler, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado este jueves la declaración para Bilbao y Vitoria.
San Sebastián fue declarada zona tensionada en la orden que publico el BOE el 29 de julio pasado.
En la resolución de este trimestre del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que además de Bilbao y Vitoria incluye a Astigarraga y Usurbil, se recoge la totalidad de la extensión de estos cuatro municipios vascos, a excepción de la zona rural construida por entidades locales menores no incluida en la trama urbana de la capital alavesa.
Hasta ahora en Euskadi se han declarado zonas tensionadas los municipios de Errenteria, Irun, Barakaldo, Zumaia, Lasarte-Oria, San Sebastián, Galdakao (distrito 2), Vitoria, Usurbil, Bilbao y Astigarraga.
Según ha informado el Ministerio, en total en el conjunto de España se han declarado ya 304 municipios como zonas tensionadas en cuatro comunidades autónomas: Euskadi, Navarra, Cataluña y Galicia.
Esta medida supone la contención de los precios de los alquileres y el Gobierno de España ha recordado este jueves que los datos de su aplicación en Cataluña demuestran que la medida "funciona", ya que el primer año se redujo el precio de los contratos un 4,9 % en las zonas tensionadas y se firmaron más de 11 000 nuevos contratos de alquiler.
Con la publicación en el BOE de la declaración, desde este viernes todos los nuevos contratos de alquiler de vivienda en estas cuatro localidades deberán estar referenciados al precio del contrato anterior, lo que evitará incrementos desproporcionados. También puede producir una menor rotación.
Además, se establece la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado de alquiler se pueda revertir.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la utilidad de esta medida para contener los precios de los alquileres, porque "acaba con las subidas abusivas del alquiler" y "da estabilidad a los inquilinos".
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