El Parlamento Europeo lleva el acuerdo UE-Mercosur a la justicia. ¿Ahora qué?

El Parlamento Europeo ha acordado este miércoles llevar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur a la justicia europea para que se pronuncie sobre su legalidad, una decisión que paraliza la aplicación del pacto, pese a la firma que se celebró el pasado sábado en Paraguay.

Veinticinco años después de que se iniciasen las negociaciones, el camino del acuerdo parecía despejarse desde que los Veintisiete autorizaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a viajar a Asunción para estampar su firma, pero las reticencias de la Eurocámara, en una decisión ajustada por tan solo diez votos de diferencia, han complicado de nuevo la aplicación del pacto

¿Se puede empezar a aplicar el acuerdo?

El Parlamento Europeo no puede ratificar el pacto hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, pero legalmente, la Comisión Europea no tiene la obligación de esperar a la Eurocámara y podría empezar a aplicarlo de forma provisional, una vez se firmó en Paraguay.

El único requisito para su implementación es que alguno de los países de Mercosur lo ratifique, lo que todavía no ha ocurrido. En cuanto Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay lo hagan, el acuerdo se podría empezar a desplegar entre la UE y los países latinoamericanos que lo hayan certificado.

Sin embargo, dadas las divergencias políticas que el acuerdo genera entre los países de la UE, la Comisión prefiere esperar y saber si cuenta con el visto bueno de los líderes europeos para implementar el pacto tras el rechazo del Parlamento Europeo.

Bruselas espera que los líderes debatan mañana la cuestión en la cumbre extraordinaria que celebrarán en la capital comunitaria, convocada inicialmente para abordar las relaciones con Estados Unidos tras el conflicto de Groenlandia. 

¿Por qué acude el Parlamento Europeo a la justicia?

Se trata de una decisión política que ha contado con el apoyo de los Verdes, la Izquierda Europea y los grupos de extrema derecha, además de algunos eurodiputados del Partido Popular Europeo (principalmente los polacos) y de los representantes franceses de todos los grupos. Todos ellos cuestionan la legalidad del acuerdo.

En concreto, el mecanismo de reequilibrio, que permite a la UE o a los países de Mercosur reclamar compensaciones a la otra parte si cree que alguna de las leyes que aprueben en el futuro es contraria a lo pactado en el acuerdo. Los eurodiputados temen que esta cláusula limite la soberanía europea. También cuestionan la base legal, que permite que la parte comercial del acuerdo se ratifique sin el consentimiento de los parlamentos de los países de la UE.

Bruselas rechaza los argumentos

La Comisión asegura que el mecanismo de reequilibrio no restringe la capacidad regulatoria de la UE, porque ningún tribunal de arbitraje puede obligar a alguna de las partes a modificar sus leyes.

Bruselas asegura que el tribunal de arbitraje que han pactado la UE y Mercosur se basa en los previstos en la Organización Mundial de Comercio y recuerda que también está contemplado en el acuerdo que la Comisión ha firmado con Chile, en vigor desde el 1 de febrero de 2025.

Aun así, "la Comisión se pondrá en contacto con los eurodiputados y el Consejo de la UE antes de decidir sobre los siguientes pasos", ha dicho el portavoz de Comercio, Olof Gill.

El TJUE puede tardar en pronunciarse entre 18 y 24 meses.