El juez del caso Sidenor admite como víctima y acusación particular a un médico palestino

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha aceptado que un médico gazatí pueda ejercer la acusación particular como víctima del genocidio cometido por Israel en Gaza en la causa en la que investiga al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos de la empresa por la venta de acero a una compañía armamentística israelí.

De Jorge adopta esta decisión en un auto como resultado de la comparecencia de ayer este médico gazatí en la que ha quedó "suficientemente acreditada" su condición de "víctima directa de las acciones del ejército de Israel en Gaza".

Con la personación de esta víctima se cumpliría el requisito de que exista una acusación particular para poder investigar a los tres responsables de Sidenor por complicidad en un delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, y no solo por contrabando, como sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ayer se ausentó de la comparecencia.

En esta causa se investiga por sendos delitos al presidente de Sidenor José Antonio Jainaga, recientemente nombrado también presidente de Talgo, y a otros dos directivos.

La semana pasada, el juez ordenó un registro en la sede de Sidenor en Basauri en busca de documentación del contrato investigado con la empresa Israel Military Industries (IMSI).

A las pocas horas de ordenarlo, la Fiscalía lo recurrió en apelación ante la Sala de lo Penal al entender que antes debía haber esperado a que los investigados presentaran ellos mismos la documentación requerida, ya que cuando declararon como imputados se comprometieron a hacerlo.

En ese recurso, el Ministerio Público consideró que las diligencias practicadas en lo referido al delito de genocidio debían ser anuladas por falta de apoyo legal, dado que la querella fue interpuesta por una asociación en calidad de acusación popular sin que existiera ninguna acusación particular personada en relación al delito de genocidio, condición necesaria.

Con la declaración del médico gazatí Reffat Alathamma, el primero palestino y primera víctima en declarar por el genocidio en Gaza ante un tribunal español, según destacó su abogado en declaraciones a los periodistas, lo que se trataba era de solventar ese escollo. 

En la declaración, que se extendió durante 40 minutos, el médico narró cómo se desarrollaron los ataques en Gaza y condiciones de vida inhumanas durante la ofensiva israelí, lo que demostraría su catalogación como víctima en el proceso y que, según él, en Gaza se estaría perpetrando un genocidio.

Este médico del Hospital Europeo en Gaza, que habla perfecto español por haber residido en Bolivia y Argentina, se presentó ante el juez como una de las miles de víctimas del genocidio israelí, según él mismo explicó a la salida de la comparecencia.

Su relato se centró en su vivencia durante la guerra de Gaza, de donde salió hace 3 meses, a raíz de la tregua entre Hamás y el Gobierno de Israel, junto a su mujer y sus seis hijos. Ahora trata de obtener el asilo en España para él y su familia y trabajar como médico, para lo que también está tramitando la homologación del título.

El médico ha contó que vivía en la ciudad de Han Junis cuando empezaron a caer las bombas en la Franja, incluso en el hospital donde trabajaba. Explicó que si bien vivía en el centro de la Franja de Gaza, sufrió una docena de desplazamientos tanto al sur como al norte durante la guerra. 

Su hospital, señaló, también fue atacado, saqueado y evacuado y en la actualidad está "ocupado" en una zona bajo control de Israel.

Narró también que, a causa de la guerra, como médico sufría mucha carga, y tenía que compaginar el mayor volumen de trabajo con cuidar a su familia de los bombardeos y buscar cómo alimentarles.

La Fiscalía no estuvo presente en la sesión. 

Por su parte, una portavoz de la asociación que se ha querellado contra Sidenor, Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, reclamó en declaraciones a los periodistas, que el procedimiento judicial continúe "sin interferencias" y que las Administraciones Públicas excluyan a Sidenor de cualquier proceso de contratación pública y de subvenciones hasta que se esclarezcan estos hechos.