El Pacto de Migración y Asilo de la UE entra en vigor este viernes lastrado por las dudas sobre su cumplimiento

Los países de la Unión Europea deberán cumplir a partir de este viernes, 12 de junio, con el Pacto de Migración y Asilo, una reforma para cuya adaptación los Estados miembros han dispuesto de dos años desde su aprobación. La entrada en vigor del nuevo marco se produce en un contexto marcado por las dudas sobre el grado de compromiso de algunas capitales con su aplicación efectiva. 

El pacto refuerza el control de las fronteras exteriores de la UE e introduce un sistema de “solidaridad flexible” que permite a los gobiernos optar entre acoger migrantes reubicados o compensar económicamente los traslados rechazados.

La Comisión Europea reconoce que no todos los aspectos del pacto estarán plenamente operativos desde el primer día. Según Bruselas, los Estados miembros continuarán adaptando y perfeccionando durante los próximos meses este complejo conjunto de reformas, que ya cuenta con desarrollo jurídico y operativo. 

La institución comunitaria mantiene además su apoyo técnico a las autoridades nacionales a través de expertos y agencias europeas. El portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, ha destacado los avances realizados por numerosos países, aunque ha evitado señalar públicamente a los Estados más rezagados.

La aprobación del pacto fue el resultado de una década de negociaciones destinadas a superar las diferencias entre los socios comunitarios. El acuerdo buscó equilibrar la solidaridad reclamada por los países de primera línea migratoria, como España e Italia, con las exigencias de responsabilidad defendidas por otros Estados preocupados por los movimientos secundarios de migrantes dentro de la Unión. Como resultado, se estableció un mecanismo que obliga a los Veintisiete a responder cuando un país se vea desbordado por las llegadas, ya sea mediante la reubicación de personas o mediante aportaciones económicas compensatorias.

El objetivo general del sistema es facilitar la reubicación de al menos 30 000 migrantes al año. No obstante, los Estados podrán rechazar parte de esas acogidas a cambio de una compensación de 20 000 euros por cada traslado no aceptado o mediante aportaciones equivalentes en fondos o recursos. Dado que en este primer año de implantación apenas quedan seis meses para su aplicación, los Veintisiete acordaron reducir temporalmente las cifras previstas y fijaron un cupo de 21 000 reubicaciones o medidas compensatorias equivalentes.

En el marco de este nuevo sistema, la Comisión Europea ha situado a España entre los cuatro países que pueden acogerse a la denominada “reserva de solidaridad” debido a la presión migratoria que soportan. Bruselas considera que España e Italia registraron un número desproporcionado de llegadas irregulares vinculadas a operaciones de búsqueda y rescate en alta mar durante el último año, mientras que Grecia y Chipre también son considerados países bajo presión por el elevado volumen de llegadas. Esta clasificación no implica la activación automática del mecanismo, sino que los hace elegibles para solicitar el apoyo previsto en el pacto.

La reforma incorpora además nuevas normas para determinar qué Estado miembro es responsable de tramitar una solicitud de asilo y acelera los procedimientos de devolución hacia el país competente. También establece controles previos a la entrada para quienes no cumplan las condiciones de acceso a la UE, incluyendo identificación, recopilación de datos biométricos y verificaciones sanitarias y de seguridad en un plazo máximo de siete días. 

Asimismo, se armonizan los procedimientos para conceder o retirar la protección internacional y se amplía el sistema Eurodac para incluir imágenes faciales, además de las huellas dactilares, aplicándose tanto a solicitantes de asilo como a migrantes en situación irregular.

La entrada en vigor del pacto ha suscitado críticas de diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Oxfam Intermón y Cáritas, que consideran que las nuevas normas pueden suponer una amenaza para los derechos fundamentales de las personas migrantes y cuestionan la transparencia de su futura aplicación. 

Save the Children ha reclamado una mayor protección para los menores, mientras que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advierte de que la reforma debilita derechos y garantías consolidados, entre ellos el derecho de asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a una defensa jurídica efectiva, el derecho a la información y la atención específica a personas en situación de vulnerabilidad.