El TSJPV ratifica la nulidad de la rescisión del contrato de la primera incineradora

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el recurso interpuesto por los anteriores responsables de EH Bildu en el Consorcio de Residuos y ha decretado la nulidad del acuerdo adoptado, el 25 de noviembre de 2013, por su Asamblea, para rescindir el contrato firmado entre GHK y la UTE, formada por FCCSA, SBSL, AYUSA, CMSA y HZIAG, para la construcción, puesta en marcha y explotación del Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa (CGRG), que incluía el primer proyecto de la incineradora.

El fallo, notificado este viernes, confirma la decisión adoptada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de San Sebastián, que declaró nulo el acuerdo de rescisión, según ha informado la Diputación de Gipuzkoa en un comunicado.

El diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, ha manifestado que "ha llegado la hora de exigir responsabilidades políticas a EH Bildu por su nefasta política en la gestión de los residuos y el perjuicio económico causado a las guipuzcoanas y guipuzcoanos".

En este sentido, el responsable foral y actual presidente del Consorcio de Residuos ha anunciado que llevará la sentencia a la Asamblea y que, tras el correspondiente análisis de los servicios jurídicos, propondrá el inicio de acciones para exigir las responsabilidades a que hubiera lugar.

Por su parte, EH Bildu ha anunciado ya que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo, a través de las mancomunidades de Tolosaldea y Urola Medio, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

EH Bildu ha defendido, en un comunicado, su gestión en la pasada legislatura y se ha ratificado en que los dirigentes de la Diputación de Gipuzkoa y del Consorcio "actuaron cumpliendo la ley al 100 %".

Ha insistido en que la incineradora estaba "sobredimensionada", por lo que era necesario rescindir el contrato "por el interés general de la ciudadanía".

"Lo cual ha quedado demostrado con las decisiones tomadas por el actual Gobierno foral, que ha acabado reduciendo de forma considerable las dimensiones de la planta inicial", ha añadido la coalición.

Además, esta formación ha destacado que la sentencia del TSJPV, aunque ratifica la anulación del acuerdo de rescisión del contrato, "da la razón a EH Bildu en aspectos muy relevantes", al confirmar que GHK "sí tenía competencia para tomar dicha decisión".

"Una administración pública debe defender hasta el final los intereses de la ciudadanía, especialmente en dos ámbitos: la protección de la salud y del dinero público", ha argumentado la coalición.