Registran las 23 sedes de iDental para cubrir posibles indemnizaciones de afectados
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado la entrada y registro de todas las sedes que las clínicas dentales 'low cost' iDental tienen por todo el Estado —23 establecimientos, ninguno de ellos en Euskal Herria— en los que ya ha entrado la Policía Nacional en busca de pruebas y para hacer inventario de cara a las posibles indemnizaciones de quienes fueron sus pacientes.
Los agentes intentarán recuperar dispositivos informáticos y repositorios de datos que contengan imágenes de pruebas médicas de usuarios para facilitar su devolución a los pacientes, que así podrán continuar con su tratamiento o denunciar, en su caso, según informan fuentes judiciales.
Se han movilizado en torno a 300 efectivos en 23 provincias. En concreto, los registros se están efectuando en Gijón, Salamanca (Santa Marta de Tormes), Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Girona, Castellón, Valencia (capital y Alfalar), Albacete, Alicante, Elche, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz (Puerto de Santa María) y Las Palmas de Gran Canaria, según fuentes policiales.
De la Mata investiga a iDental por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, desde que asumió la instrucción el pasado 26 de julio y procedió al registro de 17 sedes en 8 comunidades autónomas para incautar información societaria e historiales clínicos de pacientes.
Se estima que podría haber 400.000 afectados en todo el Estado, que es la cifra aproximada de pacientes que pasaron por estas clínicas contra las que se han venido presentando ya miles de denuncias, que se acumulan ya en más de 200 piezas de investigación repartidas por todo el territorio, aunque podrían llegar a superar el millar.
Esta clínica 'low cost' se dedicaba a prestar servicios odontológicos, aunque ofrecía un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las que percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios. Tras ello, según denuncian los afectados, los pacientes "eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos".
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