El Gobierno español aprueba la reforma del aborto para "ampliar y reconocer nuevos derechos sexuales"

El anteproyecto de reforma de la ley de salud sexual —más conocida como la ley del aborto—, aprobado este martes en el consejo de ministros del Gobierno español, "amplía y ensancha" los derechos de más de la mitad de la población, en tanto en cuanto facilita el camino a aquellas que quieran interrumpir el embarazo, y recoge "nuevos derechos sexuales" como las bajas retribuidas para aquellas que tengan reglas dolorosas o un permiso preparto a partir de la semana 39.

Sin embargo, el borrador ha sufrido variaciones en las negociaciones entre los dos socios del Ejecutivo, y el Ministerio de Igualdad ha tenido que asumir recortes en el proyecto inicialmente propuesto. Así, finalmente no se recogerá una bajada del IVA de los productos para la regla (compresas, tampones, copas... que ahora tienen un 10 %). Además, el permiso preparto se ofrecerá a partir de la semana 39, y no de la semana 36 como se pretendía desde Igualdad. Finalmente, la norma no perseguirá a las parejas que recurren a la gestación subrogada, aunque sí la reconocerá como "violencia reproductiva".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha comparecido tras el consejo de ministras para destacar que la reforma, cuyo coste será de de 104 millones de euros, posibilitará a las mujeres "vivir mejor" porque podrán "decidir sobre sus cuerpos" y verán reconocido "su derecho a la salud menstrual; se acabó el ir al trabajo empastillada", ha anunciado. La dirigente de Unidas Podemos también ha querido hacer "un obligado agradecimiento" al movimiento feminista, sin el cuál "esta ley no sería posible".

Seguidamente ha repasado los aspectos más relevantes de la reforma:

Aborto

El anteproyecto volverá a reconocer el derecho a las menores de 16-17 años a abortar sin el consentimiento de sus progenitores o tutores legales. Este derecho ya se contemplaba en la ley de 2010, que quedó sin efecto por la reforma del Gobierno de Rajoy en 2015. Además, se ha eliminado la tutela para las mujeres con discapacidad. "Las mujeres podrán decidir sobre sus cuerpos", ha subrayado la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Se han suprimido los tres días de "reflexión" que se exigen actualmente para abortar. 

El borrador se compromete a reforzar el sistema público para ofrecer este servicio en los centros públicos, que solo practican el 20 % de los abortos. En este sentido, se garantizará que las mujeres puedan abortar en el centro público más cercano a su domicilio.

El anteproyecto de ley propone un registro de profesionales objetores de conciencia, similar al ya aprobado en la Ley de Eutanasia. Este registro será compatible con el hecho de que en todos los hospitales públicos habrá personal sanitario que pueda practicar abortos voluntarios a través de los dos métodos, el quirúrgico y el farmacológico.

Baja por dolor menstrual

Otros de los aspectos novedosos es el derecho a baja reconocido para las personas menstruantes con fuertes dolores. De este modo, el Estado español se convertirá en el primero de la Unión Europea en reconocer la baja laboral por dolor menstrual.

Las bajas serán asumidas desde el primer día por la Seguridad Social y no por la empresa y no se exigirá un mínimo cotizado. Además, la baja no comprenderá un número de días concretos, sino que serán los que necesite cada persona.

Aunque no se tocará el IVA de los productos menstruales, se repartirán de forma gratuita productos vinculados a la higiene menstrual, como compresas, tampones o copas menstruales en los centros educativos o en los centros penitenciarios.

Educación sexual durante la infancia y adolescencia

La norma apuesta por la educación afectivo-sexual obligatoria en la escuela y establece la distribución gratuita de anticonceptivos en los institutos.

Violencias reproductivas

El anteproyecto define como violencia contra las mujeres la esterilización y el aborto forzado y la gestación subrogada. De este modo, se prohibirá la publicidad de las agencias intermediarias de vientres de alquiler, aunque no se perseguirá a aquellos que hagan uso de esta práctica en el extranjero (en el Estado es ilegal).

El Gobierno español tramitará el texto por la vía de urgencia, aunque como ocurre en estos casos deberá pasar por el análisis de los ministerios y luego por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, antes de volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros para pasar al Congreso.