Cinco años de la catástrofe de Zaldibar: la causa por el delito ambiental sigue sin resolverse en los juzgados
Este jueves, 6 de febrero, se cumplen cinco años de la mayor catástrofe medioambiental de la historia reciente de Euskadi: el desplome del vertedero de Zaldibar. El basurero situado en el barrio Eitzaga de la localidad vizcaína colapsó y más de 500 000 toneladas de residuos cayeron ladera abajo, atrapando a su paso a dos trabajadores: Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Los restos mortales del primero fueron hallados seis meses después de la catástrofe; los de Beltrán quedaron para siempre sepultados bajo los escombros y el lodo. Sus familiares y amigos les recordarán, como cada año, en un acto en Eitzaga convocado para el domingo (12:30 horas).
Media década después de la tragedia, la causa abierta por sus muertes es la única cerrada. Los máximos responsables de la empresa gestora del vertedero, Verter Recycling, admitieron su responsabilidad. Fueron condenados por homicidio imprudente a seis meses de cárcel, aunque evitaron la entrada en prisión. Las familias fueron indemnizadas con 2,8 millones de euros.
Entretanto, el resto de causas judiciales siguen pendientes. La investigación penal por los delitos ambientales relacionados con la catástrofe sigue en curso —se inició en 2021—, tras varias prórrogas (la última, en noviembre pasado). Un juzgado de Durango tiene de límite hasta junio para acabar de recoger pruebas y testimonios. Aún finalizando la instrucción, todo apunta a que el juicio se postergará a 2026. Hay 13 investigados: tres responsables de Verter Recycling, varios trabajadores de la empresa consultora de la compañía, así como tres funcionarios de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
Paralelamente, sigue sin resolverse otra de las causas, esta de carácter contencioso administrativo. Se deriva de los trabajos de estabilización y sellado del terreno. Correspondía a la empresa gestora acometerlos, aunque dada la urgencia, el Gobierno Vasco se hizo cargo de ellos de manera subsidiaria. Según los últimos cálculos, la cantidad asciende a 31,5 millones de euros. El ejecutivo ya ha reclamado a Verter Recycling su devolución, aunque este aspecto también deberá dirimirse en tribunales.
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