El TSJPV anula los requisitos lingüísticos exigidos por la Administración a las subcontratas

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado varios criterios de uso de la lengua en la administración general y en las entidades adheridas aprobados por el Gobierno Vasco en 2023. Entre otras cosas, en contacto con la ciudadanía hacer la primera palabra en euskera, o los trabajadores saben en euskera la necesidad de no traducir los documentos al castellano. El juzgado estima así parcialmente el recurso presentado por el sindicato Comisiones Obreras.

El tribunal argumenta que una lengua cooficial no puede tener preferencia sobre la otra. Entre los puntos que ha suspendido están el de exigir a las empresas que obtengan contratos públicos los perfiles lingüísticos de la administración; que los trabajadores hagan la primera palabra a la ciudadanía en euskera, y que los proyectos y estudios se hagan al menos en euskera.

Reacciones

Euskalgintzaren Kontseilua ha asegurado que se trata del "último golpe de la ofensiva contra el euskera", y el sindicato LAB ha opinado que se ha demostrado que los jueces hacen "política lingüística en contra del euskera".

Por su parte, EH Bildu denuncia que esta sentencia es "un nuevo ataque al euskera y a nuestras instituciones, un gran salto, un salto tremendo, en la escalada de esta ofensiva”. En opinión de la coalición independentista, "en este momento, la cuestión del euskera se ha convertido en una cuestión democrática básica que nos interpela a todas y todos los que creemos en la democracia”. 

Por ello, EH Bildu considera "más importante que nunca blindar la seguridad jurídica y nuestra arquitectura jurídico-institucional" para poder avanzar en la normalización del euskera. 

Entre tanto, el sindicato CC. O.O, organización que promovió un recurso ante una resolución del Ejecutivo autonómico, ha valorado que el TSJPV haya anulado la posibilidad de que el Gobierno Vasco exija los trabajadores de subcontratas privadas "las mismas condiciones lingüísticas" que al personal funcionario porque evitará "una cascada de despidos".

"El hecho de que no se planteen los mismos requisitos a personas trabajadoras de las subcontratas tiene todo el sentido del mundo, debido a que carecen del sistema de liberaciones del personal funcionario" y no reciben ayudas económicas para posibilitar que aprendan el idioma, ha argumentado el sindicato en una nota.