Save the Children alerta de la excesiva duración de los juicios por violencia sexual digital contra menores

Save the Children ha denunciado la “excesiva duración” de los procedimientos judiciales por violencia sexual digital contra menores, una problemática en aumento y que, según la organización, incrementa el riesgo de revictimización. La advertencia se recoge en el informe "Tras la pantalla: la violencia sexual contra la infancia en entorno digital", elaborado a partir del análisis de 23 sentencias sobre 28 casos de ciberacoso ("grooming") ocurridos en España entre 2023 y 2024.

El estudio revela que más del 60 % de los casos analizados se prolongan durante tres años o más y que un 14 % supera los cinco años. Además, el 65% de las víctimas declara en más de dos ocasiones antes del juicio, una situación que, pese al mayor uso de la grabación del testimonio, sigue sin evitarse de forma sistemática. La edad media de las víctimas es de 13 años y las niñas representan el 60,7 % de los casos. En cuanto a los agresores, la mayoría son hombres sin antecedentes penales y, en un 41,7 % de los casos, pertenecen al entorno conocido de la víctima.

La organización también alerta del incremento sostenido de este tipo de delitos. Según datos del Ministerio del Interior del Gobierno de España citados en el informe, las denuncias por delitos sexuales digitales contra menores pasaron de 954 en 2022 a 1078 en 2024, con las chicas como principales víctimas (68,6 %). Estos delitos suponen ya el 84,2 % del total de la criminalidad sexual en Internet. Para Save the Children, este aumento refleja una mayor visibilización del problema, pero confirma que la red sigue siendo un espacio inseguro para la infancia.

Ante esta situación, la ONG reclama una justicia verdaderamente especializada, tal y como prevé la LOPIVI. Entre sus demandas destacan la ampliación de las secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia, la creación de fiscalías específicas, la formación obligatoria de los operadores jurídicos y el uso sistemático de la prueba preconstituida. Asimismo, apuesta por extender el modelo Barnahus a todos los territorios y también a los casos de violencia sexual digital, con el objetivo de reducir la victimización secundaria y situar el interés superior del menor en el centro del proceso.