Los testigos dan su versión durante el juicio sobre el fraude en la reventa de ataúdes en Valladolid

El juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Valladolid contra veintitrés acusados de fraude en la supuesta reventa de ataúdes por parte de una funeraria llega al momento de escuchar a los testigos, en un proceso que durará hasta el 8 de junio.

La vista oral, en la que se prevé en principio la comparecencia de 239 testigos y diecisiete peritos, tendrá lugar por hechos ocurridos entre 1995 y febrero de 2015 y que afectan a unos 6.000 féretros.

La Fiscalía considera en sus conclusiones provisionales que el máximo responsable de la Funeraria Castellana y Parque El Salvador ideó un plan para obtener el mayor beneficio económico posible a costa de los usuarios de los servicios prestados por las empresas.

El plan dependía directamente de los servicios de incineración que se realizaban en el Cementerio-Jardín y, en una primera fase, consistía en la retirada de los féretros a los difuntos justo en el momento inmediatamente anterior a la cremación.

En un segundo momento, tras llevar de nuevo al tanatorio los féretros previamente retirados, se ponían otra vez a la venta en nuevos servicios funerarios.

Todas estas actuaciones eran desconocidas por los familiares de los finados que iban a ser incinerados y a los que se privaba de ataúd en este proceso, ya que se negaba a los allegados la posibilidad de ver la entrada en el interior del crematorio.

También se ocultaban esas circunstancias a los familiares y allegados de los nuevos fallecidos, a los que se vendían como originales las arcas que ya se habían utilizado antes y que, en su mayor parte, iban a dedicarse en ese siguiente uso a entierros o inhumaciones, sostiene el ministerio público.

Para el fiscal, el plan requería la colaboración de diferentes empleados, acusados en el procedimiento.

La irregular práctica con los ataúdes, pronto se vio ampliada a la retirada de los elementos florales que habían permanecido dentro de los túmulos durante los velatorios y que acompañaban a los fallecidos hasta el cementerio.

De esta forma, en los casos en los que las familias no decidían llevárselos, eran recogidos por los trabajadores que participaban en el proceso de incineración y preparados para su inmediata vuelta al tanatorio y posterior venta.

Las acusaciones contra los procesados se centran en los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía pide penas que oscilan entre los 20 años de cárcel en el caso de las más elevadas y dos años de prisión en el de las menores, según fuentes del caso, que se han referido a la posible retirada de casi 6.000 féretros entre 1995 y 2015.