El Gobierno Vasco destinará a otros municipios la promoción de El Infierno si Donostia no cede los terrenos
El Gobierno Vasco ha advertido de que los recursos públicos previstos para impulsar vivienda protegida en el ámbito de ‘El Infierno’, en San Sebastián, podrían reubicarse en otros municipios si el Ayuntamiento no facilita la cesión de los suelos. El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana responde así a la decisión de la sociedad municipal Etxegintza de mantener la titularidad de las parcelas.
El Ejecutivo autonómico recalca que, sin esa cesión, las ayudas previstas se incorporarán al contrato programa de 2027 de Visesa para otras promociones de vivienda protegida en Euskadi, lo que impediría desarrollar a corto plazo una actuación que considera estratégica para la capital guipuzcoana.
Desde el Gobierno Vasco subrayan que el proyecto permitiría construir unas 270 viviendas protegidas y tasadas en régimen de alquiler, una oferta que contribuiría a aliviar la fuerte demanda existente, especialmente entre la población joven, y facilitar su acceso a una vivienda digna.
El alcalde donostiarra, Jon Insausti, defendió tras la decisión de Etxegintza que “la responsabilidad del urbanismo es autonomía pura y dura del Ayuntamiento”, en referencia a la competencia municipal sobre el uso del suelo.
A pesar del desacuerdo, el departamento que dirige Denis Itxaso mantiene “plena disposición” para ejecutar la promoción en Donostia-San Sebastián, ciudad que considera prioritaria por su elevado nivel de tensionamiento residencial y el déficit de vivienda protegida.
El Gobierno Vasco prevé aprobar el próximo 13 de mayo el contrato programa de Visesa para 2027, con una previsión de algo más de 800 viviendas repartidas en seis municipios. En ese marco, la inclusión de ‘El Infierno’ dependerá de la decisión final del Ayuntamiento.
El Ejecutivo autonómico asegura además que la disponibilidad presupuestaria es total y que asumiría tanto el coste de construcción como la gestión posterior de los alquileres a través de Alokabide, sin impacto para las arcas municipales. Asimismo, defiende su modelo basado en el alquiler protegido y en mantener la titularidad pública de las viviendas.
Finalmente, recuerda que los suelos de ‘El Infierno’ están ya urbanísticamente tramitados como parcelas finalistas, si bien insiste en que la definición del modelo de vivienda protegida no condiciona las competencias municipales en materia urbanística.
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